El 26 de junio pasado The New York Times (TNYT) publicó un artículo afirmando que el gobierno de Rusia había pagado al movimiento talibán para que sus militantes asesinaran soldados estadounidenses en Afganistán. Durante los días subsiguientes, los datos aportados a la historia en nuevas ediciones de este mismo medio fueron modificando la versión original. Al final, la trama perdió credibilidad y evidenció que se trataba de una operación de prensa. A pesar de quedar clara la insustentabilidad de la información brindada, la serie de notas en cuestión está siendo utilizada para promover la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán.

La trama de la historia se basó, como de costumbre, en informes de inteligencia estadounidense imposibles de corroborar, declaraciones obtenidas en interrogatorios (sin reseñas, por ejemplo, sobre quiénes fueron los interrogadores) a «militantes y delincuentes capturados» y más informes de inteligencia de 2019 descartados por no aportar pruebas suficientes. Desde un principio se implicó en la trama al presidente Donald Trump sugiriendo que su gobierno sabía acerca del financiamiento ruso a los talibanes. El presidente lo negó argumentando además que los reportes contenían información incierta.

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En las publicaciones correspondientes al 26 y 30 de junio, TNYT aseguró que había sido encontrado dinero en «una casa segura” del grupo talibán. En la del 30 de junio “concluyó” que este hecho, según fuentes anónimas de inteligencia, levantó sospechas respecto al supuesto financiamiento ruso. El contenido de la nota del 26, sin embargo, no hace referencia a que tal afirmación es sólo una presunción: «Rusia ofreció en secreto recompensas a militantes afganos para asesinar tropas estadounidenses, según inteligencia», dice su titular.

En estos mismos artículos el NYT confirmó que la narrativa que involucra pagos rusos al movimiento talibán se fundó en informes de inteligencia anteriores (2019). El actual asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien declaró que dichos informes no fueron tomados por la Casa Blanca debido a que no había consenso sobre su veracidad dentro de la comunidad de inteligencia y a la “falta de confianza” en los mismos, según comunicaron varios medios, entre ellos la BBC.

Luego el NYT fue agregando y corrigiendo la información publicada originalmente:

– En la edición del 1 de julio afirmó que la “casa segura” talibán en la cual se había encontrado el dinero en cuestión (500.000 dólares) era, en realidad, la residencia de un empresario/traficante de drogas afgano que antes había trabajado para EEUU como «contratista» de la construcción y en ese momento, según “informes de inteligencia”, trabajaba para los talibanes.

– Agregó que los «militantes y delincuentes capturados» que fueron interrogados y de cuyas declaraciones se nutrió la hipótesis central, resultaron ser familiares y socios comerciales del empresario/traficante allanado. Y que, al contrario de la primera versión, dichos interrogatorios estuvieron a cargo del servicio de inteligencia afgano conocido como la Dirección Nacional de Seguridad (NDS), lo cual explica por qué no se mencionó desde un principio quién había realizado los interrogatorios.

Cabe aclarar que las confesiones obtenidas por la NDS pueden no ser fiables dado el historial de torturas en interrogatorios con el que cuenta el organismo. Informes de las Naciones Unidas han dejado constancia de dicha situación.

– Reconoció que “los funcionarios [de inteligencia] no describieron la mecánica de la operación rusa”, por ejemplo, “cómo el dinero cambió de manos” entre funcionarios rusos y talibanes. “Tampoco está claro si los operativos rusos se habían desplegado dentro de Afganistán o se habían reunido con sus homólogos talibanes en otro lugar«.

– Distintos medios de comunicación y funcionarios del Pentágono fueron expresando sus dudas sobre la historia del TNYT conforme transcurrió el recorrido de sus publicaciones. Foreign Policy, la reconocida revista de política internacional estadounidense, puso en duda los informes argumentando que “aún se desconoce mucho sobre algunos aspectos del programa” [de pagos rusos a talibanes]; incluso uno de sus expertos, Amy Mackinnon, asevera que TNYT no puede explicar “por qué los talibanes necesitarían un incentivo financiero de los servicios de inteligencia rusos para asesinar tropas estadounidenses, contra quienes han luchado durante décadas«.

Los informes de inteligencia de 2019 que, según TNYT, respaldan la historia en cuestión señalan una investigación abierta sobre el asesinato de tres marines estadounidenses producto de un atentado en la provincia afgana de Parwan, cuya autoría estaría vinculada al movimiento talibán. El reporte de inteligencia surgido de esta investigación también fue utilizado para intentar involucrar a Rusia en el financiamiento de dicha acción. Cuando esto último sucedió, ABC News entrevistó a Kenneth

McKenzie, “máximo general estadounidense en el Medio Oriente”, quien declaró que los datos brindados por el reporte de inteligencia sobre el atentado de 2019 “no habían sido demostrados con pruebas suficientes como para llevarlo a un tribunal de justicia” y que “no había encontrado un vínculo causal” entre los informes del año pasado y los actuales.

Los más altos funcionarios del Pentágono declararon el pasado 9 de julio que el “programa de pagos ruso” no estaba comprobado. «Ninguna agencia de inteligencia de defensa ha podido corroborar ese informe», afirmó Mark Esper, Secretario de Defensa, al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. El presidente del Estado Mayor Conjunto, General Mark Milley, dijo que aún no podía confirmar “vínculos causa-efecto” en la historia sobre el programa de recompensas ruso.

Casi simultáneamente a la publicación del artículo de The New York Times, dos funcionarios del gobierno de Trump confirmaron que comenzaría a efectivizarse el retiro parcial de tropas estadounidenses de Afganistán, luego del acuerdo sellado por el presidente norteamericano y las partes en conflicto que luchan entre sí y contra Estados Unidos hace casi 19 años. El plan de la Casa Blanca prevé la reducción de fuerzas militares al número más bajo desde los primeros días de la guerra: de 8.600 a 4.500.

Sin embargo, el proyecto fue interceptado. A principios de este mes el Comité de Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos aprobó una enmienda a la Ley que avalaba la propuesta de la Casa Blanca. Dicha modificación, patrocinada por el congresista demócrata Jason Crow y la congresista republicana Liz Cheney, impidió que se concretara el regreso de soldados estadounidenses a sus hogares.

El grupo de legisladores demócratas y republicanos que impulsó la aprobación de la enmienda y promueve la continuidad de la invasión militar en Afganistán emitió una declaración conjunta en la cual fueron citados como información verídica los artículos de contenido dudoso publicados por TNYT: “Después de la sesión informativa de hoy con altos funcionarios de la Casa Blanca, seguimos preocupados por la actividad rusa en Afganistán, incluidos los informes sobre ataques a fuerzas estadounidenses. Ha quedado claro desde hace tiempo que Rusia no nos desea el bien en Afganistán».

En el mismo sentido, el 7 de julio pasado el Senado estadounidense rechazó la propuesta del republicano Rand Paul para incluir la retirada de tropas en el proyecto de ley votado anteriormente por la cámara baja. La iniciativa fallida del senador republicano también incluía la derogación de la autorización promulgada en 2001 para el uso de la fuerza militar por parte de EEUU una vez que las tropas hubieran abandonado el país. «Nuestra

enmienda terminará por fin y por completo la guerra en Afganistán (…) No es sostenible seguir luchando [allí] generación tras generación», había dicho Rand Paul antes de la votación.

Todo indica que el lobby de la guerra presente en las instituciones de la democracia estadounidense es más fuerte que la estrategia que intenta aplicar Trump* y, al parecer, muchos medios de comunicación están dispuestos a armar historias con información no verificada para que el mecanismo funcione de esa manera.

Una acotación: El cambio de orientación propuesto por Trump no tiene fines “pacifistas”, sino que pretende reordenar y concentrar la distribución de activos militares estadounidenses en zonas de conflicto específicas y más reducidas. Su administración entiende que Estados Unidos sufrió una merma en su poderío y su capacidad militar fue diezmada durante los últimos años. La presencia militar de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico y en todas las áreas de influencia dominadas por China, por ejemplo, es considerada más importante que en algunas áreas de Oriente Medio. La negociación agresiva, la presencia militar selectiva y la respuesta quirúrgica, sumadas a distintas tácticas de injerencia indirecta forman parte fundamental de esta estrategia.

La reorganización impulsada por Washington también prevé que las potencias de Europa participen en mayor medida de la protección militar de sus propios intereses en el extranjero; de ahí el reclamo por parte de Trump para que las mismas aporten más recursos a la OTAN