Parlamentarios de la Bancada Progresista del Parlasur -integrada por partidos de distintos países de la región- presentamos un proyecto de norma para combatir los casos de lawfare en los países del Mercosur y de Sudamérica en general. En la elaboración participó la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por la libertad de los presos políticos y prestigiosos abogados y juristas. La iniciativa, además se promoverá en el Senado y en el Congreso de la Nación de la República Argentina y, también, se replicará en el resto de los parlamentos de la región para impulsar que se convierta en ley.

En los últimos años se comenzó a utilizar el término lawfare -guerra jurídica- que consiste en denunciar y perseguir a legítimos dirigentes mediante operaciones judiciales fraguadas en una articulación de casos similares en los países de la región, que revelaron un plan sistemático verificable de injerencia en asuntos internos de nuestros países.

Con el lawfare se accionó en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, finalmente destituida de su cargo, contra Luiz Inácio Lula Da Silva, impidiendo su postulación a elecciones; en Paraguay, con el desplazamiento arbitrario e inconstitucional del presidente Fernando Lugo; en Ecuador, con la persecución a Rafael Correa; en Bolivia, contra Evo Morales rechazando el resultado del proceso electoral y en Argentina, contra la actual vicepresidenta, y otros funcionarios de su gobierno.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Se trata, en efecto, de la judicialización de la política y refiere a la utilización del sistema judicial con la intención de desprestigiar y difamar a un oponente político a través de la utilización de denuncias falsas y suele articularse con violaciones de las reglas del proceso penal: derecho de defensa en juicio, principio de igualdad ante la ley, principio de proporcionalidad, de culpabilidad, juicio previo, inocencia y detenciones ilegítimas, entre otras. Esta práctica conlleva la vulneración de los derechos políticos de referentes partidarios y degrada la división de poderes que establece el sistema republicano de gobierno.

La propuesta de legislación promueve  la revisión de las causas afectadas por la violación de garantías constitucionales, publicación de contenidos por parte de los medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia, infracción grave de plazos procesales, abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales, intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo o representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o expresiones destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal, y finalmente, la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política.