El Senado de Brasil aprobó este martes con 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención el texto general de la polémica reforma laboral propuesta por el Gobierno de Michel Temer.

Los senadores pasaron luego a debatir algunas enmiendas al borrador, pero si estas son rechazadas, el proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, resultará aprobado y solo faltará la sanción presidencial para que entre en vigor.

La sesión se reanudó a última hora de la tarde del martes, tras una tumultuosa jornada que incluyó seis horas de suspensión por la protesta de un grupo de cinco senadoras opositoras que se tomaron la mesa de presidencia del Senado.

A primera hora de la mañana las parlamentarias ocuparon la mesa del presidente del Senado con el fin de impedir que se votara la reforma.

Como respuesta el presidente del Senado mandó cortar la luz y los micrófonos del plenario, que quedó a oscuras la mayor parte del día y con las senadoras manteniendo la ocupación.

La reforma laboral es una de las principales medidas del Gobierno de Temer, y ha motivado fuertes protestas sociales en los últimos meses, entre las que se destacan dos huelgas generales.

La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente; prevé igualmente la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en tres periodos y autoriza la «jornada intermitente», con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.

También determina el fin de la cotización sindical obligatoria.

Entre las modificaciones más importantes se establece que los acuerdos a los que lleguen empresas y trabajadores prevalecerán sobre la ley en aspectos como fijación de vacaciones, flexibilización de la jornada laboral, participación en el lucro y los resultados, descanso para el almuerzo, estructuras de cargos y salarios y banco de horas (acumulación de horas de trabajo para una posterior reducción de la jornada laboral).

En cambio, son innegociables el fondo de garantía de tiempo de servicio (un ahorro que se conforma con un aporte mensual patronal del que el trabajador puede echar mano cuando es despedido), el salario mínimo, el aguinaldo, el subsidio por desempleo, los beneficios previsionales y la licencia maternal.

La ley, respaldada por los mercados, genera un fuerte rechazo: un 58% de los brasileños se opone a ella, según una reciente encuesta de Datafolha. Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el «retroceso» social de los planes de ajuste del gobierno.

Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen en cambio que esas medidas apuntan a «generar empleos», en un país confrontado a la peor recesión de su historia, con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).

La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto público durante veinte años (promulgada el año pasado) y a la reforma del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabada por la crisis política.

Temer buscará un respiro con este respaldo, pero su victoria podría ser pírrica, porque muchos de sus aliados creen que su desgaste le impedirá avanzar en la reforma de las jubilaciones, que requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras por ser de tipo constitucional.