El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, rechazó este lunes con ironías juzgar a los responsables por violar los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985), al comentar la divulgación de 10 mil horas de audio de los tribunales especiales castrenses de la época donde jerarcas admiten torturas y asesinatos.

«¿Qué quieren investigar? Toda esa gente está muerta. ¿Van a sacar a estos tipos de su tumba?», dijo Mourao, riendo, sobre las revelaciones de los audios del Supremo Tribunal Militar en los años 70, cuando juzgaba casos de presos políticos.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

En Brasil no hubo juicios por violaciones de los derechos humanos en la dictadura o reparaciones como en el resto del Cono Sur, en virtud de una ley de autoamnistía de 1979 que sirvió como punto de partida para una transición que se dio apenas en 1985 y con voto directo en 1989.

Al igual que el presidente Jair Bolsonaro, Mourao reivindicó a la dictadura y dijo que sirvió para luchar contra el comunismo.

«Esto es un asunto del pasado, la Historia tiene dos lados. Vamos a recordar: hubo en Brasil una lucha interna contra el Estado brasileño con organizaciones que querían implementar la dictadura del proletariado», sostuvo.

Y afirmó que «esas organizaciones perdieron la lucha», tras lo cual admitió que hubo «excesos».

«Hubo excesos. Hubo excesos de ambos lados», dijo Mourao abonando la teoría de los demonios, aunque la época del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que instaló 21 años de dictadura Brasil carecía de grupos armados.

Golpe de Estado y después

La guerrilla urbana y rural apareció en Brasil después de 1967, luego de que el régimen dictara el Acta Institucional 5, que suspendió toda actividad política, cerró el Congreso y comenzó a perseguir a sus opositores.

El golpe ocurrió con apoyo de Estados Unidos -según documentos del Departamento de Estado- y en el marco de las reformas agraria y educativa que había anunciado el presidente constitucional Joao Goulart, fallecido finalmente en 1976 en Corrientes, Argentina, durante su exilio tras su derrocamiento.

La respuesta de Mourao se debe a la revelación de los archivos del Supremo Tribunal Militar de los años setenta, donde sus responsables aparecen indagando sobre las torturas y asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos cometidos en los cuarteles y comisarías.

Los archivos revelan que los jueces del Supremo Tribunal Militar advertían a generales, almirantes y brigadieres, durante las audiencias de los juicios contra los presos políticos, sobre la reiteración de los casos de torturas contra los detenidos.

La revelación ocurrió por parte de la expresa política y víctima de torturas Miriam Leitao, periodista del diario O Globo, luego de que se mofara, dos semanas atrás, de los tormentos recibidos por ella el diputado de la ultraderecha Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro.

«Estas revelaciones demuestran que el trabajo de Brasil con su pasado apenas comenzó», dijo el titular de la comisión de derechos humanos, Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), quien destacó que la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de la dictadura, formada por orden de la expresidenta Dilma Rousseff, fue el primer paso.

«Los audios indican que el Estado asumió cabalmente la existencia de torturas», dijo el senador Costa.

En Brasil rige una ley de autoamnistía de 1979 -vigente por decisión de la corte suprema- que impidió el juzgamiento de los autores de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar, régimen que es defendido por el presidente Bolsonaro y fue glorificado el 31 de marzo por el el Ministerio de Defensa y los tres jefes castrenses, en ocasión del aniversario del golpe de Estado de 1964.

Los audios fueron liberados por el Supremo Tribunal Federal al profesor e investigador Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y divulgados por O Globo el pasado domingo.

Entre los audios existe el del general del Ejército Rodrigo Octávio, juez del Supremo Tribunal Militar, que el 24 de junio de 1977 admite que las Fuerzas Armadas cometieron torturas, sobre todo apuntando a una mujer que sufrió un aborto luego de haber sido sometida a sesiones de tormentos en los destacamentos del DOI-CODI, como se conocía a la policía política del régimen.

El almirante Julio de Sá Bierrenbach, otro juez de la corte militar que era la que juzgaba a los presos políticos, reprende en uno de los audios a los responsables de la dictadura por ejercer torturas y no cumplir con la Carta de las naciones unidas.

«Cuando nos llega un caso como estos, se constituye en un plato lleno para los enemigos del régimen y los opositores al gobierno. Las agencias de noticias y los corresponsales de diarios extranjeros, con la libertad que tienen asegurada aquí, diseminan la noticia en la prensa internacional y en pocas horas publican actos de crueldad ocurridos en Brasil, dando a entender que constituimos una nación de salvajes», dice el entonces juez militar.

Mourao en el ejército y la política

Mourao se dedicó a la política partidaria luego de haber sido dado de baja del Ejército en 2014 siendo general por haber hecho proselitismo dentro de los cuarteles, al repudiar públicamente la Comisión de la Verdad que había instalado la expresidenta Dilma Rousseff.

Militante de los grupos de resistencia al régimen, Rousseff fue torturada por 22 días seguidos y detenida como presa política durante casi tres años.

Mourao dejará la vicepresidenta el 31 de diciembre y se presentará en octubre como aspirante al Senado por el estado de Río Grande do Sul.

El vicepresidente tuvo enfrentamientos políticos con Bolsonaro, quien prefirió presentarse a la reelección por otro cuadro militar, el ministro de Defensa Walter Braga Netto.

Bolsonaro saltó a la fama mundial cuando en el juicio político de Rousseff en 2016 votó a favor del impeachment en nombre de su ídolo personal, el coronel Carlos Brilhante Ustra, responsable por las torturas contra la expresidenta.