El clima electoral en Estados Unidos se va enrareciendo a medida que se aproximan las elecciones presidenciales, con Donald Trump negándose a comprometerse a aceptar el resultado, denunciando fraude por parte de los demócratas, y pidiéndoles a las organizaciones de extrema derecha que estén atentas. El conflicto es alentado constantemente desde la Casa Blanca, en cuestiones como la problemática racial, sosteniendo que las manifestaciones que reclaman justicia están organizadas e integradas por miembros de la izquierda radical, a pesar de que son mayoritariamente pacíficas.
Esta acusación derivó en la presencia de grupos paramilitares de blancos que asistían a las concentraciones armados con rifles automáticos, lo que terminó en incidentes con varios muertos. Más tarde, el mandatario se encargaba de defender a los miembros de las milicias, asegurando que actuaban en defensa propia. La administración hizo de la provocación una estrategia política agonal, que le permite autoproclamarse como la garantía de la ley y el orden, mientras el sistema alimenta la tensión con decisiones judiciales como la reciente libertad del policía que asesinó al afroamericano George Floyd, tras haber pagado una fianza un millón de dólares.
Sin embargo, Trump tiene otros recursos para seguir polarizando, y utilizó la pandemia con el mismo fin. Mientras se enfrentaba con los gobiernos locales por las cuarentenas y las medidas de prevención, pidiendo que se abriera la economía, llamó a liberar el estado de Michigan de las medidas autoritarias impuestas por el Ejecutivo demócrata. Poco después, el FBI reveló que había frustrado un plan de varias milicias de extrema derecha para secuestrar, antes de las elecciones, a la gobernadora Gretchen Whitmer. Los extremistas, que improvisaban campos de entrenamiento para practicar con armas de fuego y realizar ejercicios tácticos, pretendían juzgarla por traición, con el objetivo último de comenzar una guerra civil. Posteriormente, Whitmer culpó directamente a Trump, recordándole que las palabras tienen consecuencias.
Estas organizaciones supremacistas, consideradas por las agencias de inteligencia como el mayor peligro para la seguridad nacional, se sintieron respaldadas por el mandatario, y fueron perdiendo la vergüenza que las mantenía en las sombras; pero el republicano no es el único responsable. Las redes sociales permitieron durante años la propagación de ideas radicales y teorías de la conspiración, afirmando que la censura atentaba contra la libertad de expresión. No obstante, sabiéndose investigadas por el Congreso norteamericano, y cada vez más criticadas, las compañías de Silicon Valley adoptaron recientemente un rol más activo en la regulación de las publicaciones.
Twitter y Facebook comenzaron a eliminar o a etiquetar mensajes, aclarando que el contenido era falso, y esta última bloqueó todas las cuentas de la organización QAnon por incitar a la violencia. Esta corriente, que tuvo un gran crecimiento en Estados Unidos y que apoya a Trump, sostiene, entre otras cosas, que el mundo está dirigido por una red de pedófilos satánicos que buscan derrocar al presidente, y que los incendios en California fueron provocados por miembros de Black Lives Matter. De cualquier manera, este intento de las plataformas de lavar su imagen y evitar que la situación se salga de control, podría llegar demasiado tarde. Por lo pronto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, comunicó que su país estará preparado ante la posibilidad de que haya trastornos en las elecciones de su vecino, generada por la preocupante polarización de la sociedad norteamericana.
