Dos carabineros con sendas cachiporras contra un hombre de 69 años, indefenso. Luego lo ahorcan y le siguen pegando en el suelo. «Déjalo, déjalo, puede ser tu papá», grita una mujer que se interpone a efectivos que también la golpean. Fue durante el 8M en las calles de Santiago. Patricio Bao había acompañado a su pareja y su hija a la marcha. El video se viralizó, y hasta la televisión dio cuenta de la brutalidad policial.

En cambio, la filmación de la anciana de 92 años, en muletas, empujada por Carabineros, que termina tirada en la vereda en medio de una manifestación en Talca, no tuvo lugar en los medios. Se puede ver por redes sociales. Como los videos de la última semana en que policías le pegan, con palos y en la cara, a menores con uniforme de colegio. O les tiran las motos encima. O los llevan detenidos con extrema violencia.

«Según un informe que presentamos a fines de febrero, Chile terminó en 2019 con la peor crisis de DD HH post dictadura. Niñas, niños y jóvenes –quienes iniciaron las manifestaciones con las evasiones masivas del metro– han sido un segmento de población vulnerado permanentemente por la fuerza policial», dice Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile, quien apunta que «la situación se ha complejizado aun más en marzo, porque gran parte de las manifestaciones están siendo encabezadas por alumnos de enseñanza media, y los niveles de represión fueron bastante fuertes, con heridas de gravedad por bombas lacrimógenas y otros causales, principalmente por golpizas. Hemos visto muchas en los últimos días. Hay un uso irracional de la fuerza y, según el actuar de carabineros, hay que hacerles tener miedo, amedrentarlos, asustarlos para que no sigan protestando. Esa es la estrategia de carabineros».

Los primeros días de marzo, el regreso a clase de colegios secundarios fue con dos días de «mochilazo», una protesta que incluyó fugas masivas de escuelas y evasiones al subte, y que se replicó en diferentes ciudades y comunas con un resultado similar: represión y detención a estudiantes.

«Me pegaron entre dos pacos (carabineros). Uno me agarró de atrás, me rompieron los lentes y los pantalones. Y me dieron golpes en la nariz, en las piernas y los muslos. Tengo rabia pero tuve suerte, a algunos amigos les pegaron como una hora seguida». Dice, mientras muestra los moretones Diego, 15 años, estudiante de un colegio de Maipú, una de las comunas que más detenciones de menores de edad registró en los últimos días. «Éramos como 50 en la comisaría, y a varios los dejaron ir porque tenían menos de 14 años. A otros nos tocó pasar la noche en un calabozo en el que no entrábamos, y tuvimos que turnarnos para dormir. Nos amenazaban todo el tiempo y algunos cabros fueron muy golpeados. A un compañero lo atropellaron con una moto y le pegaron en el suelo patadas y con la luma (cachiporra)».

El miércoles pasado, el día que se cumplieron dos años de gobierno de Sebastián Piñera y 30 desde el regreso de la democracia, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) encabezó el «Tomazo», una medida que exigió la renuncia del presidente y que incluyó tomas de colegios, manifestaciones y estudiantes que directamente decidieron enfrentarse con carabineros. El saldo, otra vez, fueron decenas de detenciones. En la última semana, sólo en la comuna de Santiago, hubo al menos 200 jóvenes que terminaron en comisarías.

Efecto 8M

El viernes se cumplió una de las demandas del 8 de Marzo, la renuncia de Isabel Plá, que al frente del Ministerio de la Mujer fue «cómplice frente a la violencia política sexual y de negacionismo histórico frente a las violaciones de DD HH ejercidas por Fuerzas de Orden en el marco de la revuelta de octubre», según indicaron desde la Coordinadora Feminista 8M.

El domingo pasado, los millones de mujeres que salieron a marchar por Santiago y otras ciudades marcaron la agenda política de una semana que no fue una más en este Chile convulsionado, donde ya no sólo las calles piden la renuncia de Piñera: empresarios, políticos y hasta funcionarios en los últimos días expresaron la necesidad de encontrar en el corto plazo una salida política a la crisis que en tres días cumplirá cinco meses ininterrumpidos de protestas y violencia.

Esta semana el Senado encargó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento un informe que explique cuál sería el mecanismo para inhabilitar al presidente de la República por «impedimento físico o mental», según una petición de diputados opositores que alegaron un «comportamiento errático» del mandatario.

«Yo, como presidente, voy a hacer todo lo posible por defender la democracia y el Estado de derecho», dijo un Piñera cada vez más cuestionado dentro y fuera de Chile.

El plebiscito del 26 de abril, para decidir si se cambia o no la Constitución, por momentos queda lejos, no sólo por la movilización que en marzo volvió a los niveles de masividad –y de represión– de octubre. También porque la economía empieza a crujir. Los casos de coronavirus superan los 40 y el pronóstico de un gobierno que no puede controlar la crisis social no es alentador teniendo en cuenta que el sistema de salud también se encuentra colapsado.

El mismo día que Piñera conmemoró tres décadas de democracia chilena, Gustavo Gatica volvió a las calles. Gatica es el estudiante de 22 años que perdió ambos ojos por perdigones disparados por carabineros que, según también informó esta semana el general director de esa fuerza, Mario Rozas, siguen en funciones. Con anteojos negros y un bastón, Gatica caminó rodeado de manifestantes por Plaza Dignidad, en otro gesto potente de un pueblo que, a casi cinco meses del estallido, sigue bien despierto.

Al mismo tiempo, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó que «seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile, en el marco de manifestaciones sociales». Al cumplirse tres meses del informe presentado por ese organismo, se destacó que «han recibido con preocupación relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos».

Sin embargo, y pese a que ambos temas aparecieron en la agenda mediática chilena –donde también se vislumbran grietas en cuanto al blindaje de los primeros días del estallido–, no parecerían capaces de generar resultados en el corto plazo. Mientras, en las calles, se lee y se escucha, cada vez más y por todos, «renuncia Piñera». «

DEMOCRACIA

«Como presidente haré todo lo posible por defender la democracia y el Estado de derecho», respondió un Piñera cada vez más cuestionado.