El relator las Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Mezner, hizo pública su comunicación sobre Julian Assange con el gobierno ecuatoriano, que expone que a partir de la asunción de Lenín Moreno, comenzó la debacle del ciberactivista entonces asilado en la embajada de Ecuador en Londres, lo que culminó en el final del asilo y su detención. «Los primeros cinco años (…) estuvieron marcados por relaciones respetuosas y amistosas. A partir de la elección del nuevo gobierno ecuatoriano en 2017, las autoridades crearon, deliberadamente, condiciones de vida cada vez más difíciles y opresivas, con el objetivo aparente de obligar a Assange a abandonar la Embajada», afirmó Mezner. El funcionario de la ONU había enviado un requerimiento al gobierno de Moreno en mayo pasado, pero hizo público el intercambio recién esta semana, al difundir la respuesta oficial del Ecuador, que niega los cargos señalados.

«Entre marzo de 2018 y abril de 2019, el hostigamiento progresivamente severo por parte de las autoridades ecuatorianas culminó en regulación, restricción y vigilancia excesiva de las comunicaciones de Julian Assange, y sus reuniones con visitantes externos y su vida privada», continúa el informe y agrega a esto los «diversos grados de hostigamiento por parte de los guardias de seguridad y cierto personal diplomático, además de la difusión pública de medias verdades distorsionadas, difamaciones y declaraciones degradantes por parte de las autoridades del Estado ecuatoriano». Mezner recuerda que «el 11 de abril de 2019, las autoridades ecuatorianas ‘suspendieron’ la ciudadanía de Julian Assange, terminaron su asilo e invitaron a la policía británica a arrestarlo dentro de la Embajada, sin un debido proceso y sin una notificación previa adecuada». También pide a Ecuador que deje de difundir «información que pueda ser perjudicial para la dignidad e integridad del Sr. Assange».

En su respuesta, el gobierno de Moreno relativiza su responsabilidad en los temas de salud del creador de WikiLeaks y afirma que Assange se encontraba asilado por su propia «voluntad» negando que un «confinamiento», tal como indica Mezner, hubiera deteriorado su salud. Sin embargo la voluntad de permanecer en la sede diplomática estaba condicionada por las órdenes de detención en su contra, que finalmente fueron ejecutadas.

El expresidente Rafael Correa, impulsor de la defensa de Assange y promotor del asilo mientras gobernaba Ecuador, divulgó también una supuesta declaración judicial –aún no confirmada– de Carlos Pareja, exfuncionario de su gobierno preso por varias causas de corrupción, en la que afirma que en 2016 fue convocado por el operador del partido CREO, del opositor Guillermo Lasso, quien le ofrecía dinero y protección a cambio de sumarse a una campaña de desprestigio contra la entonces oficialista Alianza País, con miras a las elecciones en las que ganó el actual presidente. En ese acuerdo, quedaría claro que ello contribuiría a «entregar» a Assange a los EE UU, por un supuesto acuerdo de Lasso, quien en campaña había afirmado que si asumía le retiraría el asilo al australiano.

La información referida a Assange aparece justo cuando la Justicia ecuatoriana asegura tener nuevas «pruebas» contra el informático sueco Ola Bini, a quien acusa de ser colaborador de Assange y de participar en «intentos de desestabilización» contra el gobierno.

Correa ganaría en segunda vuelta

Luego de conocerse un nuevo pedido de captura contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguraron desde su espacio político que se trata de causas armadas para «tener a Correa fuera de la contienda política». El abogado Virgilio Hernández, uno de sus principales colaboradores, señaló en una entrevista que «todas las encuestas dicen ahora que si Rafael Correa viniera al país y se presentara como candidato a la vicepresidencia (porque le han impedido que lo sea a la presidencia), todas las encuestas dicen que ganaría ampliamente la primera vuelta y que tendría las primeras posibilidades para ganar en segunda vuelta». Si bien el recambio presidencial es en 2012, el propio Correa, exiliado en Bélgica, comenzó a hablar de su posible retorno, a pesar de que está imposibilitado por enmienda constitucional tras la consulta popular del año pasado impulsada por su otrora colaborador y hoy adversario, el presidente Lenín Moreno.

La semana pasada, la Justicia ordenó su prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de sobornos.