Tras naufragar con sus principales proyectos económicos por no lograr acuerdos con los frentes opositores, el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador enfrenta un nuevo cimbronazo con la liberación anticipada y reclamada del exvicepresidente Jorge Glas, encarcelado desde 2017 y condenado por supuestos hechos de corrupción que desde el inicio fueron denunciados por este estrecho dirigente de Rafael Correa y por su entorno como uno de los principales casos de lawfare contra ese espacio político. A partir de la liberación, ordenada por un juez que hizo lugar a un habeas corpus pedido por la defensa por cuestiones sanitarias, el gobierno de derecha de Lasso montó un rechazo sobreactuado con medidas destinadas a regresar a Glas a la cárcel y mantener vigente en el imaginario popular la caracterización delincuencial: apeló el fallo, ordenó un operativo de vigilancia para evitar una “posible fuga” y se sumó al coro de indignación y rechazo de sectores políticos conservadores y medios concentrados que especulan con la posibilidad de que la situación judicial de Glas signifique un nuevo revés para el gobierno y un aire renovado para el correísmo, la principal fuerza opositora en el Ecuador.
“La reacción exhorbitante de un sector, empujó al gobierno a tomar partido, la fiscalía, la procuradoría, el ministerio de Gobierno, el ministerio de salud, acá se ha generado lo de siempre en estos años cuando se trata de un dirigente denominado correísta, nos volvemos a enfrentar a un linchamiento mediático y a la persecución judicial impulsada desde el Ejecutivo”, advirtió el abogado Fausto Jarrín, diputado de Revolución Ciudadana, la fuerza de Correa.
Apenas conocido el fallo del juez Diego Moscoso el pasado 10 de abril, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lo calificó de “incidente bochornoso” y aseguró que el gobierno “rechaza categóricamente la decisión”. Paralelamente, Lasso tuvo que aclarar que no pactó la liberación con el correísmo a cambio de apoyo legislativo, como sugirió otro partido opositor, el PSC. Y este jueves, la autoridad penitenciaria, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) interpuso un recurso de apelación oponiéndose a “los criterios emitidos por el juez en el caso de hábeas corpus», señaló en un comunicado.
“Las instituciones involucradas en el proceso de habeas corpus están colgando comunicados de prensa haciendo saber a la ciudadanía que ya han apelado, que piden sanciones para el juez. Es decir, esto de jurídico no tiene nada, es absolutamente político. Si el gobierno decide respetar la independencia de las instituciones pues no debería estar metiéndose”, reflexionó Jarrín en diálogo con Tiempo.
El exvicepresidente de 52 años estuvo más de cuatro años en la cárcel de Latacunga, la capital de la provincia Cotopaxi. Salió escoltado por asesores jurídicos, entre ellos Jarrín, en medio de aplausos y vítores, vestido con un traje azul y perfectamente aseado; y caminó varios metros hasta subir a un automóvil para dirigirse a Guayaquil, de donde es oriundo. Apenas recuperada la señal telefónica, recibió desde Bruselas el saludo del propio Correa, de quien fue vicepresidente y estrecho colaborador. En el camino participó de un acto en la ruta, donde dijo haber enfrentado “a una justicia torcida, politizada; me condenaron por la fuerza de la circunstancia; ese es el nivel de persecución política que vive Ecuador», afirmó. Por esas horas, Correa tuiteaba «empieza a desmoronarse tanta injusticia», «pronto los verdaderos corruptos, empezando por Moreno, estarán presos».
Glas fue vicepresidente de Correa entre 2013 y 2017, y ese último año fue reelegido como vice de Lenín Moreno, cuando se anunciaba como la continuidad del proyecto correísta. Fue acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que fue condenado a seis años de prisión. También fue sentenciado a ocho años, por haber pedido sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado. En enero de 2021 fue condenado también a ocho años, por peculado en la concesión de un campo petrolero, pero esta última sentencia aún no está firme debido a que fue apelada. El fallo que lo liberó le prohíbe salir del país y le exige presentarse una vez por mes ante un tribunal de Guayaquil.
Visita oficial
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegará hoy a la Argentina en una visita oficial que incluye su paso por Uruguay. Mañana está previsto que se reúna con el presidente Alberto Fernández. Según se informó, los objetivos principales del viaje serán acercar posiciones con el gobierno argentino en cuestiones de política exterior regional y global, a propósito de la próxima Cumbre de las Américas y de la presidencia pro témpore de la Argentina en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Avanza otra reforma constitucional
El gobierno de Guillermo Lasso planea tener en el plazo de 15 a 20 días un pliego de preguntas a la ciudadanía para incluirlas en una consulta popular vinculante que le permita introducir reformas constitucionales y de paso aprobar leyes que no logran pasar el filtro legislativo. Si bien no se adelantó cuáles serían esas reformas, el gobierno asegura que tendrán alcance en materia de seguridad, empleo, economía y política. En esa misma consulta, podría incluirse la Ley de Inversiones, un proyecto con el que pretende atraer 30.000 millones de dólares externos para invertir en el país y que el Congreso unicameral rechazó rotundamente.
Para Lasso, los asambleístas que le niegan ese proyecto son «ladrones y corruptos» y aseguró que «el gobierno tiene derecho de someter esa misma ley a consulta popular para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sean, con honrosas excepciones, unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal».
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo – donde las fuerzas de oposición están dispersas pero tienen la mayoría – empeoró cuando en marzo el Congreso amnistió a 268 personas, entre ellas indígenas y manifestantes que participaron en las violentas protestas de octubre de 2019, que dejaron 11 muertos.
El antecedente más reciente de consulta popular para reformar la Constitución fue durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Unas enmiendas muy criticadas por el expresidente Rafael Correa y su fuerza política, porque además de impedirle su candidatura en el futuro le confería un poder discrecional al Ejecutivo sobre órganos de contralor.
Correa también había usado el recurso de la consulta popular para inhabilitar a políticos con capitales en paraísos fiscales, reformar la justicia y regular a la prensa.
