Gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas en la disputa que mantienen desde hace once días el Gobierno nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por un pliego de demandas del movimiento indígena, que ahora analiza sus próximos pasos y que ocupó una central eléctrica en el sur del país.
Los mandatarios agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) dijeron que durante la tregua las partes podrían establecer una mesa de diálogo, y también plantearon la conformación de corredores humanitarios que permitan el abastecimiento y atención de necesidades urgentes en las zonas afectadas por los bloqueos.
Para ello, exhortaron al Gobierno, la Conaie y a grupos sociales a respetar la libre circulación por estos corredores, que deberían ser declarados zonas de paz, según el diario El Universo.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reporta, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, tres muertos, al menos 92 heridos y 94 detenidos.
La Policía informó, a su vez, de 117 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados.
En la localidad andina de Tarqui (sur), los choques entre policías y manifestantes dejaron un muerto ayer, según la entidad.
Marcelino Villa, de 38 años, murió y junto a su cuerpo «se encontró un cartucho de gas lacrimógeno», añadió la organización en Twitter.
La policía, no obstante, indicó en un boletín que el hombre murió por «cirrosis hepática» en «el contexto de las manifestaciones», reportó la agencia de noticias AFP.
El lunes y martes murieron otras dos personas víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, según la Alianza.
Las autoridades confirmaron además que los 18 policías desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.
El comandante general de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, indicó en un primer momento que «todos están a buen recaudo, a excepción de dos, que se encontrarían en poder de las comunidades indígenas», aunque más tarde dio cuenta de su liberación.
La Conaie, que mantuvo varios diálogos sin resultados con el Gobierno antes de iniciar las protestas, reclama una baja en los precios de los combustibles a 1,50 dólares del galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 de la nafta de 85 octanos.
Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó (de 1 a 1,90 dólares) y la nafta común subió 46% (de 1,75 a 2,55).
La organización indígena más poderosa del país protesta también por la falta de empleo y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos, y reclama el control de precios de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de campesinos con los bancos.
Los prefectos (como se denomina a los gobernadores en Ecuador) propusieron en su presentación que las autoridades nacionales y de los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural, con el fin de reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.
El comunicado del Congope está suscrito por Pablo Jurado, presidente del Consorcio y prefecto de Imbabura, y también lleva la firma de Isabel Proaño, directora ejecutiva, añadió el reporte del diario quiteño.
Las movilizaciones se han extendido a varias provincias. Hasta el momento, pese a las propuestas de varios sectores y organizaciones civiles, no se ha concretado un espacio de diálogo entre los máximos representantes del Gobierno y de la Conaie.
Los indígenas y otras organizaciones están deliberando en la Casa de la Cultura, que el Ejecutivo habilitó como gesto, para discutir cómo seguir las protestas y si, eventualmente, acepta sentarse a conversar.
La chance de negociar parecía trabada por la negativa del presidente Guillermo Lasso, actualmente contagiado de Covid, a levantar el estado de excepción dictado para seis provincias.
Por otra parte, desde la Asamblea Nacional (parlamento) surgieron en las últimas horas pedidos de comparecencias en el pleno y en las comisiones, y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por rebelión y terrorismo.
En tanto, cientos de indígenas ocuparon a la fuerza una central eléctrica del sur, lo que, según el sitio Primicias, podría afectar el suministro a Guayaquil.
«Entraron aproximadamente 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinas a las instalaciones de la subestación eléctrica Tisaleo», en la provincia de Tungurahua, dijo el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, en entrevista con Radio Platinum.
La toma ocurrió anoche, «al comienzo de forma pacífica», pero luego «raptaron a los operadores» por negarse a suspender el servicio eléctrico, añadió Vera.
