Apenas un día después de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, renunciara a su afiliación a Perú Libre -el partido que lo llevó al poder-, por instancias de esta fuerza que además anunció su pase a la oposición, el parlamento destituyó a uno de sus ministros y una comisión legislativa aprobó un informe que recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por diferentes presuntos delitos.

Es el escenario crítico que enfrenta un presidente horadado desde el día uno de su gobierno por el asedio permanente de la extrema derecha y las internas irreconciliables del partido de izquierda con el que fue candidato. Desde ese momento, y antes también, los medios opositores peruanos celebran lo que consideran el tramo final del gobierno de Castillo, que lleva apenas 11 meses en el poder. “Se le viene la noche”, aseguró, por ejemplo, El Expreso.

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A la crítica situación de una economía afectada por la actualidad internacional y problemas propios de arrastre, que llevan al aumento de la inflación, el conflicto social y la escasez de algunos productos necesarios para el desarrollo industrial se suma la imposibilidad de ejercer plenamente el ejercicio del gobierno por los inmumerables cambios de gabinete, destituciones ministeriales e intentos de juicio político al que somete el juego opositor.

Hasta ahora, Castillo mantenía el bloque más numeroso en el Congreso con el apoyo de Perú Libre, pero eso acaba de terminar. A pesar de que el jefe del bloque, Waldemar Cerrón, aseguró que se convertiría en “una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista», como la ejerce la extrema derecha de, entre otros dirigentes, Keiko Fujimori. Su debut por fuera del oficialismo fue apoyar el jueves la destitución del ministro del Interior, Dimitri Senmache, acusado de haber permitido la fuga de personas involucradas en presuntos actos de corrupción con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones.

La ruptura se produjo durante la semana en que la Comisión de Fiscalización investigaba al presidente por presunta corrupción y cuyo informe final, presentado también el jueves, recomienda elevar la acusación constitucional en su contra, presuntamente por incurrir en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La comisión también recomienda formular una acusación contra el presidente y el exministro de defensa por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de ascensos de altos mandos del Ejército.

El martes, Perú Libre había emitido un comunicado solicitando a Castillo su renuncia partidaria por haber “quebrantado la unidad partidaria” y “aplicar una política neoliberal y no de izquierda como prometió en campaña”. Desafiliación que el presidente puso en práctica dos días después. Las dudas ahora se centran en si los 16 congresistas que permanecen en PL (de 37 que fueron originalmente) se sumarán a las acciones de vacancia (destitución), que requiere los votos de 87 de los 130 congresistas, lo que podría significar la estocada final para el mandatario. «