Si hace 80 años Antonio Machado pudo decir “una de las dos Españas ha de helarte el corazón”, estos días podría hablarse sin temor de una grieta española, representada en una crisis política que por primera vez desde la Constitución de 1978 obliga a convocar nuevos comicios porque ninguno de los partidos tradicionales –el conservador Partido Popular y el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español, PSOE– pudo formar gobierno.

Es que al calor de la crisis económica y tras la incursión de Podemos, un grupo de agrupaciones políticas fueron ampliando el sector contestatario al llamado “Régimen del ’78”. Fue así que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acuñó una frase que resultó certera: “El PP y el PSOE son parte de una casta”. Y fuera de esa casta que se reparte cargos y prebendas del Estado, queda la mayoría ciudadana, víctima de ajustes permanentes y convidada de piedra en las grandes decisiones. Así lo expresaron aquel legendario 15 de Mayo de 2010 en la Puerta del Sol de Madrid que, si bien en ese momento pareció inocuo porque las elecciones las ganó el PP, fue el punto de partida para esta movida política que puso en jaque al bipartidismo en diciembre pasado y que llevó a la alcaldía de las ciudades más importantes del país a dirigentes surgidos de una marea de alianzas progresistas.

Los medios de comunicación dieron entonces un giro hacia la estigmatización de todo lo que oliera a cambio, incluidos todos los gobiernos latinoamericanos que comulgan con la nueva izquierda española. El batacazo lo dio Podemos, que amenazó con destronar al PSOE como el partido alternativo luego de haber dejado atrás al tradicional Izquierda Unida, que por estos días cumplió 30 años de vida. De haberse aliado en diciembre, hubiesen obtenido un caudal de bancas suficientes como para forzar un gobierno común. Ahora lo intentarán en los comicios que se deberían desarrollar el 26 de junio. En la derecha, las cartas se reparten entre el PP y Ciudadanos. Pero esta nueva agrupación ya había acordado con el PSOE, y no les alcanzó para formar gobierno.

Como un ejemplo de este momento, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley que limita las libertades civiles para protestar, la “ley mordaza”. Un incidente producido en febrero pasado ilustra hasta qué nivel están alterados los ánimos en esa sociedad, hasta no hace tanto modelo para los formadores de opinión criollos. El 5 de febrero un grupo de títeres de Granada terminó preso luego de un espectáculo al aire libre en el barrio madrileño de Tetuán.

La nueva política cultural de la alcaldesa de Madrid, la ex jueza Manuela Carmena, que llegó al poder por una alianza de izquierda, es promover que los propios ciudadanos o los movimientos locales planifiquen sus propias actividades culturares. Los titiriteros Alberto San Juan y Gloria Muñoz partipicaron de esta movida con una obra para adultos. Pero muchos dejaron que sus niños permanecieran ante el tablado. En un momento del acto, el personaje, una bruja, es castigada por un policía, que luego le coloca un cartel y le saca una foto. El cartel decía Gora Alka ETA. En vasco podría traducirse como, “viva el alcalde”, pero resulta un juego de palabras con Al Qaeda y ETA. El espíritu de la obra es denunciar que las autoridades no sólo estigmatizan y persiguen a muchos ciudadanos, sino que llegan a “sembrarles” pruebas para detenerlos como terroristas.

Un padre se quejó del contenido de la obra, llamó a un policía que ordenó detener el acto y un fiscal pidió el procesamiento de los artistas bajo las mismas leyes que ellos condenaban: apología del terrorismo. Pasaron unos días en prisión y ahora enfrentan cargos que los podrían llevar a cuatro años entre las rejas. El escándalo mediático fue tal que ahora, según revela Gonzalo Cardone, del grupo Hilando Títeres, “hemos encontrado problemas para las contrataciones” en algunos distritos.

¿Por qué el problema? “Luego del escándalo que se armó hemos visto que si el que contrata es alguien que tiene un cargo político, no quiere arriesgar. Si es un gestor cultural, que ya conoce a los artistas, no tiene problemas”.

Esto es que por las dudas, los que arriesgan su futuro político prefieren cuidarse en salud. Una forma de censura muy afín a la ley mordaza.