Dos días después de las legislativas que impulsaron a la extrema derecha, el presidente y líder socialista Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con la izquierda de Podemos para formar un gobierno de coalición en España, pero que para concretarse necesitará del apoyo de otras fuerzas.

La inesperada firma del acuerdo se selló con un abrazo entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, protagonistas en el pasado de serias desavenencias. Sin embargo, no son todas sonrisas en el frente progresista: los 52 escaños cosechados por Vox en las elecciones del domingo le permitirán recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las leyes que considere oportunas, un trámite para el que se requiere un mínimo de 50 diputados. Según establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los recursos de inconstitucional los pueden interponer el presidente del gobierno, el defensor del Pueblo, los gobiernos o parlamentos autonómicos, contra normas que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía y 50 diputados o 50 senadores.

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En esta Legislatura, sólo podrán presentar recursos en solitario ante el TC el PSOE, el Partido Popular y Vox.

«Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista», pensado para durar los cuatro años de la legislatura, porque «España necesita un gobierno estable (…) y lo necesita ya», indicó Sánchez tras rubricar el documento en una ceremonia en el Parlamento.

Dicho «gobierno de coalición progresista» combinará «la experiencia del Partido Socialista con la valentía de Podemos», y será «la mejor vacuna contra la extrema derecha», señaló de su lado Iglesias, quien estrechó sonriente la mano de Sánchez.

Tras las legislativas del domingo que dejaron un Parlamento muy fragmentado, el acuerdo se pareció inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que los socialistas y Podemos fracasaron en lograr algo similar tras los anteriores comicios, en abril.