A dos años del golpe que lo sacó del poder en 2019 y a uno de que su partido lo recuperara tras ganar nuevamente elecciones democráticas, Evo Morales vuelve al ruedo y encabeza la Marcha por la Patria, desde Caracollo, en Oruro, a La Paz, en defensa de la democracia y contra los intentos de los grupos golpistas que desde el Oriente vienen acosando al gobierno de Luis Arce.

De la marcha, que comenzó este martes y recorrerá más de 180 kilómetros, partieron en primera fila el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

La manifestación cuenta con el apoyo del MAS-IPSP, el partido del gobierno, que dirige Morales, pero también de dirigentes y militantes sociales y sindicales. “Con enorme alegría hemos recibido la información de que Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y otras tantas organizaciones se van a unir a esta marcha por la patria, en defensa de la democracia y pidiendo justicia por los masacrados en el golpe de Estado del 2019”, dijo Morales.

Esta larga caminata es una respuesta pacífica y democrática, como aclara la dirigencia oficialista, a movilizaciones y paros promovidos por la derecha para boicotear la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como “Ley Madre”, que buscaba poner coto al blanqueo de capitales y al lavado de dinero.

Arce decidió anular esa ley luego de que fue creciendo la protesta en el Oriente boliviano, con eje en el líder del golpe de 2019 y luego elegido gobernador de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones de 2020, Luis Fernando Camacho.

Para el gobierno, estas protestas recuerdan al conato separatista de 2009 contra el propio Morales, que pudo ser frenado por la oportuna intervención de Unasur, con Néstor Kirchner como secretario General de ese organismo ahora desarticulado por las derechas regionales. Esos mismos sectores ahora intentan discutir nuevas reglas de manejo del estado central a través de argumentos sobre el federalismo.

Para las autoridades nacionales, esta nueva movida de la derecha es un ataque de contenido fascista contra un gobierno mayoritariamente indígena elegido democráticamente por amplia mayoría (55% de los votos) en 2020. La prueba, para el primer mandatario, es que aún cuando la “Ley Madre” fue derogada, los intentos destituyentes continúan.

Sin embargo, no todas son rosas dentro de la coalición derechista. A Camacho se lo recordará como el golpista que entró con una Biblia y pisoteando la whipala a la casa de Gobierno cuando obligaron a renunciar a Evo Morales, en noviembre de 2019.

Los centros de encuentro del golpismo son los Comités Cívicos. El sucesor de Camacho cuando asumió la gobernación en Santa Cruz, Rómulo Calvo -que no es menos extremista que el gobernador- ahora quedó bajo fuego amigo luego de que decidiera poner fin a los paros y bloqueos de rutas tras el anuncio de derogación de la ley que cuestionaban. “¡Calvo vendido!”, le cantaron los camachistas en la puerta de la sede del CCSC, con ánimo poco contemplativo.

Lo curioso de todo este momento de Bolivia es que el gobierno puede mostrar datos elocuentes de recuperación económica luego de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia acumuló un crecimiento interanual de 9,67% del PBI entre enero y agosto de este año.

Un sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), a su vez, muestra que el 55% de la población boliviana valora positivamente la gestión de Arce, una cifra que crece más si se pregunta a los encuestados por la gestión de la pandemia (76 %) y por la política social (62 %).

El estudio fue realizado entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, aclara el informe, mediante 2.000 entrevistas telefónicas a través del sistema CATI en los 9 departamentos del país, en enclaves rurales y urbanos.

En ese sondeo, los encuestados mostraron una imagen negativa del 60% sobre Camacho, creen que el modelo cruceño que busca oponerse al impulsado desde La Paz sólo beneficia a unos cuantos empresarios (63,6%) y consideran que se ha incrementado mucho la división regional entre el Oriente y el Altiplano en este año (51,6%) por sobre un 44,5% que entiende que esos enfrentamientos son los mismos que había desde hace décadas.