Los uniformados eliminaron a los muchachos y los hicieron pasar por guerrilleros para cobrar recopmpensas y recibir ascensos.
De acuerdo con las denuncias, los jóvenes fueron llevados con promesas laborales falsas a una zona rural del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde resultaron asesinados, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Como «falsos positivos» se conoce en Colombia a este tipo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros caídos en combate para ser premiados por sus superiores con ascensos y dinero.
El escándalo fue descubierto luego de los asesinatos de jóvenes en Soacha -municipio aledaño a Bogotá- y el barrio Ciudad Bolívar de la capital colombiana, dos zonas deprimidas en las que los asesinados fueron desaparecidos en 2008.
Según un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el número de víctimas en Colombia de «falsos positivos» podría llegar a las 5.000. La fiscal del caso concluyó que los jóvenes «fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron entregados a uniformados en varios retenes militares», indicó EFE.
«El 28 de enero de 2008, fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas», refirió la fiscal en los alegatos de conclusión de este proceso.
En septiembre de 2008 fueron identificados los cadáveres por el Instituto Nacional de Medicina Legal, agregó la información.
De ese modo se logró establecer semanas después que se trataba de una «organización criminal integrada por reclutadores que recibían el pago de un millón de pesos (unos 317 dólares) y dinero para los pasajes por llevar a las víctimas hasta los retenes que operaba esa guarnición militar».
Los militares responden por los delitos de «desaparición forzada en circunstancias de agravación», «homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo», «concierto para delinquir agravado con la finalidad de desaparición», «falsedad ideológica en documento público».
La administración de justicia declaró estos hechos ocurridos en enero y agosto de 2008 como delitos de lesa humanidad, es decir, investigaciones que no prescribirán y además, no podrán ser objeto de negociación en el marco de la justicia transicional.
La conducción de la central obrera encabezó una movilización por el Día del Trabajador y…
El presidente aseguró temer por un sabotaje a la presentación y cuestionó el discurso inaugural…
A partir de este miércoles, la tarifa general salta de los $ 125 actuales a…
Una selección de las imágenes más destacadas de la movilización de hoy
El reconocido escritor falleció en su casa de Brooklyn. Su obra, traducida a más de…
Los cuatro integrantes del máximo tribunal desestimaron los planteos que reclamaban que se declare inconstitucional…
La expresidenta compartió el discurso de la diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley.
Organizaciones ambientales, científicas y civiles alertan que un canal de 250 kilómetros contiene falencias que…
La CGT y las dos CTA se movilizarán hasta el monumento al Trabajo pocos días…
Si presidente viaja al exterior, Villarruel debe reemplazarlo y suma una dificultad para el Senado…
El diputado Nicolás Massot incluyó la propuesta en el paquete fiscal de la Ley Bases.…
En el Día de las trabajadoras y los trabajadores, fragmentos de un libro fascinante del…