Para Estados Unidos, China pasó a ser una obsesión. Sin que nadie pidiera una explicación, y por China, en los últimos días de agosto una sucesión de episodios desnudó la más grosera intromisión norteamericana en Uruguay, uno de los países a emular, dicen los amigos de la Casa Blanca. Primero fue donde el gobierno de Luis Lacalle Pou no podría ignorarlo, en el ámbito militar, durante los ejercicios conjuntos Panamá 2022 celebrados en la Base Naval Mayport (Florida), sede del Comando Sur del Pentágono y apostadero de la Cuarta Flota, centinela implacable del Caribe y de todo el Atlántico, del Ártico a la Antártida. Después, directamente en casa, en Montevideo, presionando al Poder Legislativo y puenteándose nuevamente la más natural, aconsejable y civilizada vía diplomática.

El problema es que, tras un llamado a licitación como dios manda, Uruguay le comprará a China dos patrulleros oceánicos de la clase OPV, ya probados exitosamente en la custodia y defensa de la zona económica exclusiva de Colombia y Chile, dos de los mejores aliados de EE UU en la región, que zafaron de las presiones con las que ahora se pretende manosear la soberanía uruguaya. ¡Qué momento! Si por efecto de los aprietes desistiera de la compra, Lacalle pondría en inminente peligro de muerte la firma de un tratado de libre comercio que negocia con Beijing y sobre el que deposita sus expectativas para un exitoso despegue económico, con previsión de fuertes inversiones en infraestructura. Por ahora, el intercambio bilateral se limita prácticamente a los envíos uruguayos de carne y soja.

La armadora China Shipbuilding Trading Co fue la única de tres oferentes –la francesa Kership y la holandesa Damen fueron los otros dos astilleros que entraron en la competencia– que cumplió con los requisitos, pero a un monto mayor del estimado. De 100 millones de dólares se pasó a casi 200 millones. Si las presiones no prosperaran, la primera unidad llegaría en abril de 2024, con lo cual Lacalle dejaría al próximo gobierno el pago de las cuotas contempladas en el financiamiento. En principio, Uruguay se había planteado hacer dos llamados separados, para la compra de lanchas usadas y nuevas. Finalmente anuló la primera convocatoria, para la que EE UU pensaba postularse con la entrega a precio simbólico de dos patrulleros en desuso que ocupan espacio en alguna base atlántica.

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Aunque en el gobierno nadie lo reconoce expresamente, en el Palacio Legislativo –más concretamente en el área de coordinación parlamentaria del gobernante Partido Nacional (Blanco)– se sabe que el 31 de agosto el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el senador blanco Carlos Camy Antognazza, recibió “un enérgico planteo del Departamento de Estado norteamericano. Concretamente, ante la inminencia de la decisión de compra de las OPV chinas, la Casa Blanca “advirtió” que EE UU rechaza cualquier decisión uruguaya en ese sentido y “desaconsejó” la operación. La queja fue transmitida a través de la embajada en Montevideo, pero no fue ni a la Cancillería ni a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, como habría correspondido.

“La embajada notificó a la Comisión de Defensa que era una mala señal la compra de insumos militares chinos en un momento de alta sensibilidad geopolítica, en medio de la creciente tensión entre Washington y Pekín” por la crisis que se vive en torno a Taiwán, escribió el oficialista El Observador, el único medio uruguayo que se ocupó parcialmente del tema. La injerencia norteamericana –plagada de términos impropios de una madura relación diplomática, tales como “advertir” y “notificar” a un órgano del Poder Legislativo o “desaconsejar” una acción de gobierno– fue jalonada con una ironía, cuando los voceros de la embajada señalaron la diferencia que hay entre vender carne o soja y comprar materiales para la defensa del mar, cuando la principal amenaza son los pesqueros furtivos chinos.

El pasado martes 6, Lacalle recibió al senador Camy para una reunión fuera de agenda. No hubo fotos ni comunicados de la muy bien aceitada maquinaria publicitaria de Lacalle, un área clave de este gobierno. Tampoco hubo ningún indicio sobre la decisión de compra de las lanchas chinas, que se esperaba para esta semana. Lo que sí se supo es que la queja llegó de boca del consejero político de la embajada, Eric Geelan y del agregado de defensa, Gary  Symon. El discurso que la embajada le hizo llegar a Lacalle no difiere del escuchado en agosto por los oficiales uruguayos que participaron de los ejercicios Panamá 2022 en la sede de la IV Flota. Allí, la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, repitió su discurso de pánico: “Hay que ser más agresivos para detener a China en su marcha para expandirse económica, diplomática, tecnológica y militarmente en América Latina”. 

Aviones en problemas

“Nos darán más soberanía, mejor seguridad humana y más protección a la población civil”, fue el galimatías de presentación con el que el presidente Luis Lacalle Pou justificó la  compra de dos antiguos aviones multiuso. Semejante responsabilidad estaba reservada para unos ancianitos a medio remendar –dos aviones C-130 Hércules construidos por  Lockheed Martin en 1975, fuera de circulación y sin garantía de buen funcionamiento– que España se sacó de encima colocándolos en Uruguay, convertido por Lacalle en país comprador de chatarra militar. La operación por 26 millones de dólares había sido vetada por la asesoría técnico–jurídica de la Fuerza Aérea Uruguaya, que advirtió al gobierno que “es objetable porque se trata de aeronaves vetustas, que llegarán sin garantía del Estado español”.

Hágase mi voluntad, habrá dicho Lacalle, fiel a su estilo, porque a fines de 2020 los aviones ya estaban en Uruguay. Habían partido juntos de  la Base de Zaragoza, pero llegaron a Montevideo con 30 horas de diferencia. Qué pasó. Aunque con suerte, se había cumplido la maldición de los que saben: uno de los aparatos tuvo una falla eléctrica y se quedó varado en el aeropuerto brasileño de Recife. Hasta hoy se ignora si se quemó la lamparita del baño, el microondas recalentador del catering o si fue algo peor. Tampoco se conoce el costo de esa primera reparación. Días después, el otro decoló rumbo a la Antártida, llevando cuatro toneladas y media de pan dulce, alimentos y regalitos. También tuvo problemas. No hizo escalas, pero los contenedores llegaron vacíos a la base científica oriental de isla Rey Jorge.

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