La ley había sido aprobada en el Congreso justo para el 8 de marzo y elevaba a 10 años de cárcel la condena a mujeres que abortaran, además de institucionalizar medidas contra la diversidad sexual. Las protestas hicieron que el presidente Giammattei vetara la norma por anticonstitucional.
La ley había sido aprobada por el mismo Congreso el 8 de marzo, justo en el Día Internacional de la Mujer, lo que despertó aún más la ira de los colectivos de mujeres y disidencias.
El proyecto se había presentado en 2017 e implicaba la reforma del Código Civil con una batería de artículos que ponía en peligro los derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual y criminalizaba aún más a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo.
Contemplaba las siguientes disposiciones: elevar de 3 a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”; prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la unión de hecho; prohibir la educación sexual integral vedando a las escuelas a enseñar «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal». Además, institucionalizaba con diversas normativas el rechazo a la diversidad sexual.
Un día después de que el Congreso la aprobara, el gobierno declaró a Guatemala “Capital pro vida de Iberoamérica” en un acto en la Plaza de la Constitución encabezado por el presidente Alejandro Giammattei y jerarcas de la Iglesia. Durante su discurso, el mandatario dijo que se busca proteger la vida en sus “cinco etapas”.
Sin embargo, fue el mismo Giammattei quien luego indicó en un mensaje a la población el 10 de marzo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.
Durante todos estos días se sucedieron manifestaciones de rechazo y repudios de diversos sectores sociales que finalmente, lograron que las y los diputados dieran marcha atrás con la iniciativa.
La organización Amnistía Internacional había indicado la semana pasada mediante la directora para América, Erika Guevara Rosas, que la normativa fomentaba “el odio y la discriminación” y no protegía “a las familias ni a las vidas”.
En la misma, se tratarían proyectos vinculados a la crisis económica de las universidades.
Se trata del Proyecto Nimbus, un contrato de 1.200 millones de dólares firmado en 2021…
Será este jueves en las oficinas de la secretaría de Trabajo. Desde las cámaras empresariales…
Los representantes de los gremios, empresarios y el propio Estado se reunirán para buscar definir…
Se trata del ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi, quien se encuentra de gira en…
En una nueva acordada, los jueces de la Corte Suprema repartieron condenas, fallos favorables y…
Los nuevos cuadros tarifarios elevan el costo del peaje para autos de $ 300 a…
Con una imagen y una oración, el presidente desnudó sus miserias luego de la masiva…
La banda comandada por Gaba Díaz repasará lo mejor de su carrera el sábado 4…
El presidente brasileño también dijo que está queriendo organizar una reunión “con los llamados presidentes…
El legado del cantautor catalán de 80 años, que en 2022 se despidió de los…
Un nudo más en el hilo que une la lucha por la educación en todo…