En Guatemala no son necesarias las encuestas para medir el índice de rechazo al presidente Alejandro Giammattei. Basta con pararse en una esquina cualquiera, frente a una oficina pública o una escuela, en la puerta de alguno de los hospitales que aún reciben pacientes, en todo poblado chico o grande y hasta en la entrada de la casa presidencial, para encontrar un cartel de repudio o un insulto. Enfermizamente católico, fiel amigo de EE UU, enemigo de las políticas inclusivas, defensor de la pena de muerte y la militarización de la sociedad civil, Giammattei hizo el milagro de unir en el pedido de renuncia a jóvenes y viejos, indígenas y campesinos, estudiantes y obreros y hasta los torturados y sus torturadores de los años del terrorismo de Estado. Cada uno reclama lo suyo: todos lo repudian a él.

El país está prácticamente parado desde mediados de julio, cuando Giammattei blanqueó su apetito dictatorial y clausuró el Congreso durante dos semanas, el máximo al que lo faculta la Constitución para declarar un llamado Estado de Prevención. Pero no fue en defensa de una legislatura corrupta que se avivaron las puebladas que dominaban el escenario desde mediados del año pasado. El repudio se generalizó cuando, con el pretexto de enfrentar el coronavirus, el gobierno dispuso la militarización de los servicios públicos y privados –incluyendo los centros educativos de todos los niveles– y condicionó el derecho de huelga. Amenazó, y no lo pudo cumplir, con reprimir militarmente toda manifestación.

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Que hasta ahora no haya podido reprimir, no quiere decir que no haya pretendido imponer un clima de terror. Tras el asesinato el 10 de julio de Frank Ramazzini, un activista por los derechos laborales de los policías, la Unidad para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos denunció el auge desde 2020 de los ataques contra militantes sociales. “El primer año de gobierno de Giammattei tuvo el incremento más fuerte de ataques a defensores de los DD HH”, señaló la entidad, comparando las últimas siete administraciones con los primeros once meses de gobierno de Giammattei. “En 2020 se registró un número histórico de 1055 atentados de distinto tipo, incluidos 17 asesinatos y los datos aún incompletos de 2021 nos dicen que vamos por el mismo camino”.

Desde julio no funciona nada en el país. En los últimos 15 días hubo dos paros generales y se mantiene un promedio de 19 piquetes que impiden el tránsito por todas las rutas. La Confederación de Unidad Sindical llamó a coordinar las luchas para precipitar la renuncia de Giammattei y promover la convocatoria a una Asamblea Constituyente que conduzca a la creación de un Estado Plurinacional. La organización sindical dice que, pese a la variedad de actores, es posible coordinar las luchas, tal como lo están haciendo los militares retirados y los campesinos para no duplicar esfuerzos en los cortes carreteros. Los primeros pidiendo un “premio” por los servicios prestados durante la guerra sucia. Los segundos reclamando tierras para reimplantar la agricultura familiar.

La semana pasada, cuando se conocían algunos datos esenciales del informe de la FAO (ver aparte), el Sindicato de Trabajadores Autónomos describió un dramático cuadro social. “Tenemos un nivel de pobreza del 60%, que llega al 79% en las áreas rurales y es causante de un elevado índice (76%) de informalidad laboral y la incontenible ola migratoria hacia México, Estados Unidos y países del occidente europeo”, denunció. Ese mismo lunes 9 la central sindical campesina organizaba un nuevo paro y manifestaciones que Giammattei amenazaba impedir por la vía de la fuerza. Entonces, el líder regional Martín Toc paró en seco al mandatario. Toc, presidente de los 48 cantones de la sudoccidental Totonicapán, le advirtió a Giammattei que “el señor presidente debería saber que el día que no haya más manifestaciones será porque tampoco habrá más presidente”.

NÚMEROS QUE ESTREMECEN

En apenas 20 meses de gobierno, y más allá del Covid y los huracanes, Alejandro Giammattei y la corte de corruptos que lo secunda consolidaron a Guatemala como el más desigual de los países centroamericanos. No lo dice la oposición sino las agencias de la ONU, como UNICEF y FAO. Para la primera, “decir que Guatemala es el 6° país del mundo en desnutrición infantil es suficiente para dimensionar el drama”. En su Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2021, la segunda le puso números al drama: entre los menores de 5 años el 42,8% presenta retrasos en el desarrollo físico y mental y el 0,8% padece desnutrición aguda “potencialmente mortal”. 

El Oficial de Nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe, Israel Ríos, explicó que si bien la situación ya era crítica con los gobiernos precedentes, el primer año de la pandemia, que es el primer año de Giammattei, agravó la situación, aumentando en 100 mil el número de guatemaltecos que ni siquiera puede satisfacer sus necesidades básicas.

El informe de la FAO refleja la tragedia humanitaria señalando que el 16,8% de los poco más de 18 millones de habitantes (2,9 millones de personas) está desnutrido, mientras que 12,1 millones tiene serios problemas para conseguir alimentos (1,2 millones más que en 2019). En el edulcorado lenguaje del informe, 8,7 millones sufren “inseguridad alimenticia moderada” y 3,4 millones, “grave”. El partido Winaq, fundado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, denunció que “en la población escolar los índices más altos de desnutrición se encuentran en niños indígenas. En algunas regiones de origen maya, llega al 80%. Una dieta de tortillas de maíz causa daños permanentes”.