El gobierno estadounidense recomendó denegar la autorización a China Mobile, que tiene 900 millones de usuarios, en su mayoría en su país. El pedido data de 2011, cuando estaba Obama. Alega cuestiones de seguridad nacional.
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
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