Baltasar Garzón promete volver al ruedo luego del aval que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a su actuación en la justicia española. El magistrado tuvo su hora de fama en los medios hegemónicos, allá por los últimos años del siglo XX, cuando ordenó la detención de Augusto Pinochet por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990 y por abrir cargos contra genocidas argentinos por aquello de la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad.

Era un adalid de los derechos humanos venerado por sus connacionales hasta que tuvo el “mal tino” de pretender juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Ya venía incomodando con su pretensión de procesar a líderes políticos inmersos en escandalosos casos de corrupción dentro en la península. Pero lo de remover el pasado español fue la gota que rebasó el vaso. Y en mayo de 2010 el “pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial”, algo así como el Consejo de la Magistratura, lo suspendió cautelarmente de sus funciones en el Juzgado Nº5 de la Audiencia Nacional que ocupaba desde 1988.

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En febrero de 2012, cuando ya no ocupaba cargo alguno y le iban sumando “justificaciones” para su expulsión del poder judicial español, Garzón fue condenado por el delito de prevaricación en la instrucción de la causa “Gürtel”, una trama de coimas que involucró a los máximos dirigentes del Partido Popular. La sentencia incluyó la inhabilitación para pcupar cargos públicos por 11 años. Desde entonces, Garzón tomó -si se quiere con más libertad- la defensa de causas que incomodaron a varios gobiernos.

Fue asesor del Tribunal Penal Internacional, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también fue consejero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández. Renunció en enero de 2016.

Su caso despertó adhesiones internacionales y finalmente ese organismo de la ONU, que por lo que se ve, se tomó su tiempo, dictaminó este jueves que los procesos abiertos en su contra” por los casos Franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial”. En documento de la ONU agrega que «España tiene ahora la obligación de hacer una reparación integral por los derechos que me han sido violentados». Eso incluye “reponerlo en su cargo y en su categoría de magistrado, borrar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación adecuada al daño sufrido”. La pelota ahora está en el Poder judicial de la Madre Patria.