La Comisión de la Verdad de Colombia se mostró confiada en que el presidente electo, Gustavo Petro, podrá encaminar los acuerdos de Paz establecidos en el convenio firmado en 2016, una larga y trágica deuda de los gobiernos que sucedieron a ese evento, principalmente del saliente Iván Duque.

Al presentar su informe final el presidente de la Comisión, el jesuita Francisco De Roux, aseguró: «dejamos este legado de verdad a la sociedad colombiana; tenemos confianza en que el presidente Gustavo Petro y la unidad a la que ha convocado incorporará las recomendaciones en el diálogo democrático para hacer los cambios necesarios».

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El texto tras tres años de trabajo advierte que el Estado fue “uno de los grandes responsables de los asesinatos sistemáticos que dejó el conflicto” y citó especialmente las ejecuciones extrajudiciales que dejaron a 6.402 muertos entre 2002 y 2008.

El informe, más precisamente el primero de sus diez capítulos, fue presentado este martes en el teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, ante la presencia de numerosos dirigentes, entre ellos Petro y su compañera de fórmula electa vicepresidenta, Francia Márquez.

Contiene una serie de recomendaciones al gobierno nacional como aporte para superar el conflicto armado interno. Fue elaborado con la voz de 28.562 personas, 14.928 entrevistas individuales y colectivas, 731 casos y 1.203 informes entregados por ONGs, empresas públicas y privadas y organizaciones de víctimas. Incluye, además, la palabra de los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien logró la firma del Acuerdo de Paz durante su última presidencia.

Entre las recomendaciones, demanda «al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y al Congreso de la República» que se garantice «el cumplimiento pleno e integral del Acuerdo Final de Paz, desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del Acuerdo con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres».

Se trata, entre otras acciones, de profundizar la reincorporación de excombatientes, establecer regiones y protecciones territoriales y económicas para el trabajo de la tierra, poner en marcha el sistema de Jurisdicción Especial y velar por la vida de activistas y dirigentes campesinos.

El documento, presentado en el teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, no tendrá carácter judicial o penal y solo “esclarece patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas”, detalló De Roux. «Es una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que se ciernen sobre Colombia. Pedimos mirar críticamente la historia y la lucha por la paz para hacer posible la no repetición», instó.

Por su parte, Petro pidió que estos espacios no deben verse como venganza y precisó que «las sociedades siempre tendrán conflictos, pero el conflicto no debe ser sinónimo de muerte”. «Lo que sigue a la verdad en el fondo, y depende de las víctimas y de nadie más en Colombia, es la posibilidad del perdón social, la posibilidad de una era de paz», afirmó.

Desde Portugal, donde participa de la Conferencia de los Océanos, el presidente Duque expresó su deseo de que el texto “tenga absolutamente claro que en Colombia nunca han existido revolucionarios, porque un revolucionario no tiene licencia para asesinar a nadie ni para secuestrar, ni para doblegar la institucionalidad». Y agregó: «La verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara».

También se pronunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. «Mi oficina revisará con gran interés el contenido detallado del informe presentado», prometió, y manifestó que «sin verdad, la reconciliación no es posible» y «sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real».