Los europeos están sintiendo los efectos de la guerra en Ucrania en sus vidas diarias. El encarecimiento de la energía disparó la inflación hasta índices récord en la mayoría de los países del continente, mientras buena parte de los ciudadanos se pregunta ahora cómo hará para pagar las facturas de luz y gas o qué gastos recortar cuando los salarios alcanzan para comprar cada vez menos alimentos y productos de primera necesidad. En los hechos, la crisis social y económica ya se instaló en Europa.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que el 26 por ciento de los españoles tiene problemas para llegar a fin de mes. La Unión Nacional de Estudiantes del Reino Unido, que nuclea a los sindicatos estudiantiles del país, advirtió que el 11 % de los estudiantes recurre a los bancos de alimentos: en enero de este año era el 5 %. El Instituto Nacional de Estadística italiano, el ISTAT, señaló en junio pasado que 5,6 millones de personas vivían en la pobreza en Italia, un máximo histórico, pero el número podría ser superado en los próximos meses.

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Por su parte, los gobiernos se enfrentan a un creciente malestar social y se preguntan cómo hacer para contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos. Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, reconoció que los empresarios de su país admitieron que no podrían seguir apoyando a Ucrania porque estarían «ocupados con levantamientos populares». Baerbock minimizó las declaraciones, pero aseguró que la prioridad del gobierno alemán es «mitigar el impacto social» de la crisis.

En Italia, la coalición de Mario Draghi se rompió cuando intentaba aprobar un paquete anticrisis, y el nuevo gobierno que surja de las elecciones de septiembre tendrá que adoptar medidas urgentes. «Hay una inflación muy alta y no se entiende bien hasta qué punto son los efectos verdaderos de las dificultades de la guerra o los especuladores que aprovechan esta situación para enriquecerse aún más. Todas las grandes empresas energéticas, de petróleo o de gas, están multiplicando de forma desmesurada sus beneficios», asegura Fabio Marcelli, director del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación de Italia.

Foto: Agencia AFP

«En la gente común, los trabajadores y la clase media, los efectos se ven por el alto costo de la energía eléctrica. Muchas pequeñas y medianas empresas tendrán que cerrar. Se prevé un aumento del desempleo, que se suma a los efectos de la pandemia. Hay otro efecto a nivel psicológico: la inseguridad extendida porque no se sabe cómo terminará la situación. Hay un clima de angustia que afecta mucho a la gente», continúa. La posibilidad de racionamientos energéticos en los países más dependientes del gas ruso, que afecta tanto la calefacción de los hogares de cara al invierno boreal y a la producción industrial y agropecuaria, alimenta la incertidumbre.

En junio, la inflación en la zona euro escaló al 8,9 %. Un estudio de la consultora Freemarket proyecta que los españoles necesitarán unos 220 euros extra al mes para afrontar sus gastos. Morgan Stanley relevó a un grupo de personas en Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia en el que un tercio dijo que no quiere gastar los ahorros en lo que se considera ocio y ya están pasando a las segundas marcas. Carla Torres, politóloga y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de York, lo llama disposable income o renta disponible, esa parte del sueldo que te queda para gastar, y que es lo que retroalimenta una economía donde siempre hay consumo, ahora se está contrayendo».

«La clase trabajadora o los sectores que cobran el salario universal no pueden absorber el costo de la factura de gas y de luz. Eso genera una brecha entre clases sociales, con menos posibilidades de movilidad. Se está aumentando el interés que se les cobra a los estudiantes. El humor social está complicado», apunta. Reino Unido está en plena transición política tras la renuncia de Boris Johnson, pero el próximo primer ministro será otro conservador, y ninguno de los candidatos, ni Rishi Sunak ni Liz Truss, parece dispuesto a intervenir demasiado en la economía.

La académica argentina radicada en Reino Unido señala que «a menos que haya intervención del gobierno, se espera un aumento del 78 por ciento en la factura de gas a partir de octubre». «La clase media y la clase trabajadora no ven aumentos en los sueldos. Casi el 80 %de las casas usan el gas como fuente principal para calefacción. La inflación es del 9 %. La población está dejando de consumir ciertas marcas y de viajar y más familias están usando los servicios de los bancos de alimentos. Algunos empleadores no ofrecen de aumento más de un 3 % en cuotas. Los ferroviarios están en huelga y los sindicatos vienen presionando, mientras Shell y British Gas están viendo ganancias como nunca. Sin intervención, la renta disponible cae y con ella cae el consumo», agrega Torres.  «

España, la inflación y los impuestos

Un gobierno que sí tomó medidas para atajar la crisis es el de Pedro Sánchez en España. El presidente socialista y sus aliados de Unidas Podemos aprobaron un impuesto extraordinario a la banca y a las empresas de energía, un cheque de 200 euros a las familias más vulnerables, una rebaja del IVA de la luz, subvenciones al transporte y el combustible y un aumento del salario mínimo y las pensiones. Es que la inflación allí superó la media europea y alcanzó el 10,8% en julio, el nivel más alto en 38 años.


Desde Madrid, el periodista argentino Andrés Actis subraya que «la inflación comienza a ser el principal problema para los españoles, según el CIS».


Luego agrega que «gracias a las políticas sociales del gobierno progresista, no hay impacto en el empleo. España sigue generando empleo de calidad con contratos indefinidos y sigue bajando el paro. Pero el salario que antes daba para garantizar todos los servicios básicos, alquiler, compras de supermercado y algún gusto, hoy empieza a flaquear». El gobierno anunciará esta semana medidas para ahorrar energía.


Si bien Sánchez «ha decido afrontar una crisis económica poniendo dinero en el bolsillo del ciudadano de a pie y pelándose con los poderes más concentrados no está teniendo rédito político en cuanto a aceptación social».
«Al arrastrar una inflación casi nula, todas las empresas quitaron la cláusula gatillo y la mayoría de las actualizaciones salariales se hacen vía convenio patronal de empleado a empresa. La actualización está hoy entre el 2,5 y el 3 %cuando la inflación es de 10. Pese al escudo social inédito en Europa, el ciudadano medio achaca la situación al gobierno», indica Actis.
Más allá de la respuesta de cada país, lo mismo se repite en todo el continent