En México operan 238 mineras extranjeras dedicadas a explotar yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, y se están preparando para extraer el litio. Después de haberse apoderado del 60% de la riqueza aurífera y manejar la política de precios del mercado mundial de la plata, con lo cual evaden impuestos en México, las multinacionales de Canadá –el socio, el amigo con el que cohabita en un tratado de libre comercio con Estados Unidos– presionan ahora para quedarse con el litio, el elemento básico para la fabricación de las baterías que accionarán a los automóviles eléctricos de un futuro cada vez más cercano.
El día que AMLO les dijo a las mineras que en su gobierno no habrá nuevas concesiones para explotar el litio, la canadiense Advance Gold Corporation anunció que logró burlar esa intención comprando el derecho sobre predios ya concesionados a otras empresas. Ahora hay 36 proyectos en marcha, sólo uno es mexicano, los demás son canadienses. Según un reporte de Mining Watch, los recursos estimados de México se sitúan en 1,7 millones de toneladas, 2,8% del total global, lo que deja al país en el octavo puesto entre los tenedores con mayores recursos, lejos de Argentina, por ejemplo, al que el mismo estudio da con unas reservas que equivalen al 25% mundial. Cuando se habla de litio el Ministerio de Economía mexicano invita a la calma. Asegura que existen “mitos” sobre el potencial del país.
Lo de las 238 empresas se explica, porque casi el 75% de las concesiones dadas por los tres gobiernos previos a AMLO –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2000-2018)– fueron a mineras extranjeras, de ellas 153 canadienses, seguidas de lejos por las de Estados Unidos, China, Australia, México y otras surgidas de acuerdos transitorios. Las mineras canadienses están bajo la lupa. En varias ocasiones AMLO las acusó de evasión impositiva, de adueñarse de tierras y de pagar a sus trabajadores mexicanos salarios más bajos que en Canadá. Después de cerrar 2020 con el 49% de sus impuestos sin saldar, el gobierno le reclamó a la minera First Majestic Silver el pago de 534 millones de dólares derivados del mantenimiento artificialmente bajo de los precios de la plata.
Durante este gobierno cargado de contradicciones –AMLO ha aportado a la desaforada militarización del país creando una Guardia Nacional, desplegando a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad interna y asignando a la armada el manejo de la marina mercante y de los puertos– se adoptó un enfoque estricto para recuperar impuestos impagos. El presidente denunció a las mineras, a las canadienses en particular, y llegó a pedir la intervención del embajador, abriendo el paraguas sobre lo que después se concretó cuando First Majestic desconoció su estafa fiscal y acudió a tribunales internacionales. La ofensiva oficial incluyó una acción conjunta con las autoridades de Andorra para recuperar los fondos enviados a ese paraíso fiscal europeo, entre otros por las mineras. En principio, el 12 de febrero pasado la Justicia andorrana confiscó 2500 millones de dólares.
La entrega neoliberal, señaló La Jornada, no sólo tiene entrampado al Estado en disputas para recuperar su capacidad fiscal. “Envalentonadas por el respaldo absoluto durante los sexenios pasados –escribió el 7 de marzo– las mineras se comportan de una manera que va contra sus propios códigos en sus países de origen”. En estas semanas en las que se historiaron cinco siglos de saqueo (ver aparte), el diario recordó cuando en agosto de 2011 el Banco de México anunció que el país incrementaría sus reservas en oro. Para ello adquiriría 98 toneladas del metal extraído de minas mexicanas, por mineros mexicanos, en territorio mexicano y con dinero de los mexicanos. “Al fin, ¿a quién se los compró?”, preguntó. “A las mineras canadienses, por supuesto”, fue la respuesta.
Andrés Manuel López Obrador también se sumó a ese juego historiográfico. Antes de citar a Lázaro Cárdenas (1934-1940) en aquel encuentro del 11 de marzo con la prensa, habrá recordado que en los últimos tres sexenios se registró la entrega del agua de Chiapas a la Coca Cola de Estados Unidos, la energía eléctrica de San Luis Potosí a la Iberdrola de España (otra vez España) y el subsuelo de todo México a las multinacionales de todas las banderas. Fue entonces que citó a Cárdenas, el presidente que nacionalizó el petróleo y expropió las tierras improductivas de los terratenientes para destinarlas a la reforma agraria. Decía Cárdenas que “la entrega de los recursos naturales del país a manos extranjeras es un acto de traición a la patria”.
La maldición de Malinche
No hay mexicano que no asocie entrega y saqueo con la Malinche, el trofeo humano que el conquistador recibió de manos de los caciques de Tabasco, junto con cuatro diademas y una lagartija de oro. Así recuerdan a la traidora que llevó hasta Moctezuma a Hernán Cortés, el dios blanco y rubio que los indios confundieron con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que un día huyó del horror y prometió regresar por el mar del oriente, con la venganza en sus escamas. La narración de Carlos Fuentes en “La cabeza de la hidra” parece escrita para describir a los últimos tres gobiernos neoliberales y sus beneficiarias, las multinacionales que se llevan de México la riqueza acunada en el fondo de su naturaleza eterna.
Lo dijo el Centro de Análisis e Investigación, lo divulgó el diario La Jornada y lo hizo suyo AMLO: la concentración de la riqueza mineral de México en un haz de multinacionales de Canadá es el peor saldo de las políticas neoliberales impulsadas por los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fueron 18 años en los que las mineras extrajeron siete veces más de lo que la Corona española rapiñó en 300 años de conquista. Al cierre de 2020, las estadísticas lo dicen: de 182 toneladas de oro saqueadas entre 1521 y 1821, se pasó el último año a 1262 toneladas.
El afán –a cambio de qué, de cuánto– por beneficiar a las transnacionales incluyó, también, la entrega de las tierras en concesiones de hasta medio siglo de duración, con opción a otro tanto. Fueron millones de hectáreas, hasta poner bajo control de las mineras a la casi mitad, la casi mitad, del territorio nacional. Sólo Calderón concesionó 35,5 millones de hectáreas, el 18% de la patria que la Malinche había empezado a entregar en el siglo XVI
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