La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, denunció este miércoles la «excesiva represión» de las fuerzas de seguridad del Estado durante la ola de protestas antigubernamentales que ya acumula casi dos meses, y en medio de las que han muerto 56 personas.

La funcionaria chavista, quien se desmarcó del gobierno de Nicolás Maduro desde que iniciaron las manifestaciones opositoras a fines de marzo, precisó que la mitad de unos 1.000 heridos fue por la acción de policías o militares.

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«Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por defender derechos fundamentales», dijo la titular del Ministerio Público en una conferencia de prensa reseñada por medios locales ya las agencias de noticias Ruters, EFE y Ansa. «Más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado», insistió.

Además, la abogada de 59 años dijo que su despacho imputó a 19 uniformados por la presunta comisión de delitos como homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica y privación ilegítima de libertad, entre otros.

También reiteró que la fiscalía ve con preocupación los casos de civiles que en medio del revuelo político han sido detenidos y procesados en cortes militares, lo que viola fundamentos constitucionales y derechos humanos.

Más tarde, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, dijo que, por orden del propio Maduro, una Comisión se hará cargo de establecer «la verdad» de los hechos que han teñido de sangre al país. «Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos por los factores políticos opositores violentos y extremos», escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

«La comisión establecerá la verdad caso por caso, sin manipulaciones ni arbitrariedades. La verdad se impondrá a favor de la justicia y la paz», agregó.

Ortega, que la semana pasada criticó la iniciativa de Maduro de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que no solucionaría la grave crisis, reprochó que portavoces del gobierno adelanten conclusiones sobre algunos fallecidos en las protestas.

«He visto muchas elucubraciones sobre los eventos que han ocurrido al margen de las investigaciones penales», dijo. «Estas hipótesis previas que se divulgan como ola de rumores, o a través de voceros no competentes, entorpecen la investigación».

En las últimas horas se conoció la muerte de otros tres jóvenes, dos de ellos en Barinas y otro en Trujillo, como consecuencia de los choques entre manifestantes, fuerzas de seguridad y civiles armados, como parte de la serie de protestas que la oposición reanudó desde comienzos de abril.