El papa Francisco no gana para sofocones con las denuncias de abusos de menores en la Iglesia Católica. A los cruces de enero pasado, cuando fue interpelado por la feligresía chilena en su gira por esa nación a raíz del encubrimiento de terribles casos de pedofilia desde hacía años y que terminó con el pedido de renuncia a los 34 obispos de ese país, se sumó en julio la condena al arzobispo de Australia y el pago de acuerdos judiciales en Minnesota. Ahora, una investigación del fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, que llevó casi dos años de pesquisa, revela que en los últimos 70 años hubo unas 1000 víctimas de abusos cometidos por 300 sacerdotes en esa diócesis. Un jurado compuesto por 23 personas analizó las pruebas de un informe de 1356 páginas y encontró que eran evidencias absolutamente creíbles y hasta el obispo de Galveston-Houston y presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, Daniel DiNardo, reconoció la veracidad de ese horror y dijo que como representante del clero «estamos avergonzados y lamentamos los pecados y las omisiones de sacerdotes católicos y obispos católicos”.
Este nuevo caso compromete aún más las finanzas de la Curia norteamericana, que ya desembolsó más de 4000 millones de dólares en compensaciones en estos años y arreglos extrajudiciales y debió ampararse en la ley de quiebras de ese país para no terminar con todo su patrimonio en remate judicial para hacer frente a las demandas de los afectados.
Shapiro anunció este martes el resultado de su investigación, que publicó la Corte Suprema de Pensilvania, y catalogó a los curas de «depredadores sexuales». El jurado dijo que para elaborar el documento escuchó el testimonio de decenas de testigos y que revisó medio millón de documentos internos. Y si bien señaló que tienen constancia de unos 1000 menores abusados, entre ellos varones y niñas, no descartan que puedan ser muchos más.
Josh Schapiro, el fiscal que investigó los casos de abuso
La mayor de las críticas que se hace en ese texto es que las autoridades eclesiásticas no hubiera querido escuchar las quejas de las víctimas. Para Shapiro, hubo un enorme «un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano». Y apunta que con tal motivo muchos de los casos puedan no ser llevados a estrados judiciales porque fueron delitos anteriores al año 2000 y por lo tanto prescribieron.
La crisis de la iglesia estadounidense comenzó a desatarse en 2002 con una serie de artículos que publicó el diario Boston Globe sobre un escándalo de pedofilia en ese distrito. La película Spotlight, del año 2015, con Michael Keaton y Mark Rufalo, muestra la forma en que el diario asumió la investigación de las denuncias que le llegaron y de que modo recibieron presiones del obispado. El máximo responsable de ese encubrimiento fue el obispo Bernard Law, que murió en diciembre del año pasado. El papa Benedicto XVI tildó a Law de ser «el máximo símbolo del pecado al interior de la Iglesia».
Un caso similar fue el del arzobispo australiano Philip Wilson, quien también eligió el camino de barrer debajo de la alfombra en lugar de asumir que de alguna manera también él era responsable de abusos en su diócesis. Wilson fue declarado culpable de encubrimiento por una corte de Adelaida en mayo pasado, Francisco le aceptó al renuncia en junio y este martes la justicia ordinaria le concedió prisión domiciliaria.
Pero los casos más impactantes se registraron en Estados Unidos. Por el tamaño del país y por la cultura de llevar cada injuria a los estamentos judiciales. A grosso modo se calcula que entre 6mil y 10 mil curas fueron denunciados por abusos en esa nación. Y según la ONG Bishop Accountability, hubo más de 6000 acuerdos con víctimas, un tercio de las denuncias que aseguran haber recibido los curas.
Esa institución muestra también que hay 15 diócesis y 3 órdenes religiosas de EEUU -entre ellas la Provincia Jesuita de Oregon- que se declararon en quiebra en estos casi 20 años. La diócesis de Saint Cloud, en Minnesota, anunció en febrero su voluntad de acudir al mismo recurso pero todavía no hubo resolución.
El 1 de junio pasado, la arquidiócesis de Saint-Paul y Minneapolis, en Minnesota, alcanzó un acuerdo con casi un centenar de víctimas de abusos por alrededor de 210 millones de dólares. Allí la propuesta es que así también se terminen con todas las demandas y que se permita crear un fondo financiero especial para 450 víctimas.
«Los sobrevivientes de esos abusos pueden esperar sus pagos una vez que el tribunal apruebe el plan», dijo entonces el arzobispo Bernard Hebda.
