Perú tendrá hoy nuevo presidente. Los oponentes del balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pablo Pedro Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), tienen amplios denominadores comunes en su agenda económica aperturista y financiera. Sin embargo, para buena parte del arco político, incluso para el ascendente Frente Amplio (un heterogéneo instrumento que vincula a partidos leninistas con movimientos sociales y ambientalistas), la victoria de la hija del ex jefe de Estado encarcelado por delitos de lesa humanidad implicaría un retroceso mucho más severo que el triunfo del economista liberal.
La actualidad precipitó el último lunes un inédito pronunciamiento para la significativa izquierda andina, con un nuevo protagonismo tras vivir varias de décadas de marginalidad. Verónica Mendoza, una diputada cuzqueña que rompió con el gobierno de Ollanta Humala tras su giro conservador, logró viralizar en Facebook una advertencia que podría revertir el supuesto retorno del fujimorismo. “Evitemos la vuelta de la dictadura y el NarcoEstado”, proclamó, y alteró el ritmo y los ejes de los últimos días de campaña.
El pronunciamiento del Frente Amplio (FA) es tan audaz como arriesgado. PPK (así denominan los medios al varias veces ex ministro que se autoexilió durante el gobierno nacional y antiimperialista de Velazco Alvarado entre 1968 y 1975) dista de tener el más mínimo vaso comunicante con la base social y electoral del FA. Es que el economista Kuczynski, que renunció a la nacionalidad norteamericana para darle un tono criollo a su figura, está formateado ideológicamente en las usinas académicas del primer mundo. Pero Mendoza sostiene, así como la ciudadanía apartidaria movilizada bajo la consigna #KeikoNoVa, que el ascenso al Ejecutivo de Fuerza Popular implicaría dotar de amplias cuotas de poder gubernamental a la primera línea de cuadros del neofujimorismo.
¿Cuál es el origen de la casta que rodea el perfil cuidadosamente cándido de Keiko promocionado por los medios hegemónicos? Fundamentalmente, se trata de asesores de inteligencia y ex altos mandos militares que, en su momento, cumplieron papeles decisivos en el gobierno antidemocrático (el Congreso fue clausurado) y represivo (con la excusa del combate a Sendero Luminoso se instrumentó un terrorismo de Estado de baja intensidad en el combativo interior rural) de Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos (1990-2000).
Keiko, naturalmente, asegura que la filiación con su padre es sanguínea y no política. Sin embargo, se difundieron las regulares visitas de dirigentes de Fuerza Popular a la cárcel donde purga condena Fujimori en búsqueda de auxilio financiero y político. En otras palabras, la letra mayor del programa de Keiko parece digitarse en la celda de un hombre que huyó de su país tras robarse varios millones de dólares gracias a una complicidad con sectores del crimen organizado que hoy estaría vigente. La acusación de que el fujimorismo y el mundo narco son parientes cercanos proviene, incluso, de la propia DEA, que hoy investiga al hombre de más confianza de Keiko en el Parlamento por estar “sospechado de lavar plata del narcotráfico”.
Keiko rehúye hablar del pasado. Lo suyo son las sonrisas en set televisivos (el apoyo del Grupo El Comercio –dueño del 80% del espacio mediático– es más que notorio), las recorridas por los barrios pobres de Lima proponiendo “mano dura a los delincuentes”, o los viajes al exterior, como a la Universidad de Harvard donde se mostró receptiva al matrimonio igualitario. Con esa valija de ideas eclética y ambigua, Keiko aspira a romper el cordón umbilical con su padre en el imaginario social y sentarse al frente de la Casa Pizarro. Es una contienda que le da vigencia, por la proximidad ideológica de los contendientes, a la provocadora frase de Vargas Llosa cuando dijo que optar entre Humala y Keiko era elegir entre el cólera y la malaria, muchos peruanos podrían volcar la balanza a favor de PPK si estiman, finalmente, que prefieren padecer a Kuczynski antes que sufrir en manos de Keiko.

Entre el ceviche y la cocaína

Perú hoy es la capital regional del ceviche, la cocaína y el libre comercio. Efectivamente, ha logrado edificar una marca de exportación con su afamada alta gastronomía. En el capítulo narco, la nación continúa siendo, según cifras oficiales de la ONU, el granero de la cocaína. Las hectáreas dedicadas al cultivo de coca siguen en expansión a pesar del disciplinamiento de los últimos gobiernos con las políticas antinarcóticos militaristas y prohibicionistas, impulsadas por la bajada de línea del Comando Sur estadounidense.
El tercer aspecto mencionado es el más significativo. En Perú cambian los gobiernos, pero no la orientación económica antiproteccionista. Miembro fundador de la Alianza del Pacífico (AP), una entente comercial que une a los conservadores gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú (Mauricio Macri aspira a converger como socio observador), Lima logró posicionarse como el nudo aduanero estratégico de EE UU en su objetivo comercial de resucitar el ALCA.
A fines de 2015, Perú tuvo su recompensa por sus relaciones con los organismos internacionales de crédito, y el propio FMI relocalizó su cumbre anual de directores en Lima, tras casi medio siglo de ausencia. La número uno del Fondo, Christine Lagarde, fue recibida por la élite local y el gobierno como una reina. La ejecutiva puso como ejemplo regional al «tigre peruano». Un modelo económico donde la precarización laboral alcanza a dos de cada tres ciudadanos.