Cuando faltan apenas cinco días para las elecciones presidenciales brasileñas, el clima se pone cada vez más denso y todo indica que la polarización entre Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, el que reemplaza al proscripto Lula de Silva y el ex capitán que reivindica la tortura, irán a la segunda vuelta. Es así que el juez que condenó y ordenó detener al fundador del Partido de los Trabajadores, Sergio Moro, liberó la delación premiada de un ex ministro de Lula y Dilma Rousseff que había sido desechada por el Ministerio Público porque era mucho palabrerió pero no aportaba pruebas. Paralelamente, en el Tribunal Supremo Federal (TSF)los togados también están enfrentados por el líder metalúrgico detenido en Curitiba desde el 7 de abril pasado. Un supremo, Ricardo Lewandoswski, había autorizado un reportaje de Folha de San Paulo a Lula, otro, a la sazón presidente de la Corte, José Antonio Dias Toffoli, impidió su publicación. Ahora Lewandoswski dobló la apuesta y permitió otra entrevista, con el diario español El País y la Rede MInas de Televisión. Habrá que ver si esta vez la palabra del dos veces mandatario llega a la audiencia.

La fuerte controversia que despierta la detención y proscripción de Lula coloca al sistema judicial brasileño en el pozo más hondo desde la dictadura militar (1964-1985) al decir de analistas de todas las pelambres. Ocurrió el afiebrado domingo 8 de julio cuando el juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) con sede en Porto Alegre, aceptó el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Lula y ordenó liberarlo.

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La medida fue desoída por la Policía federal, que mantiene a Lula en cautiverio en su cuartel de Curitiba. Luego de un embrollo  de características de comedia, otro juez bloqueó la liberación y desde el TSF se terminó de legitimar la permanencia entre rejas del hombre que lideraba ampliamente las encuestas para volver al Palacio del Planalto.

También hubo un pequeño enfrentamiento cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a la justicia brasileña que se autorizara la candidatura de Lula al entender que no pesa sobre él una condena firme y que se deben garantizar sus derechos civiles.

El Tribunal Electoral no hizo lugar a ese reclamo y bloqueó la posibilidad de presentarse al comicio de este domingo. Fue entonces que se oficializó la fórmula de Haddad, del PT, ex alcalde de San Pablo que había sido ministro de Lula y de Dilma Rousseff, junto con Manuela D´Avila, del Partido Comunista do Brasil, para vicepresidenta.

La semana pasada, el diario Folha de Sao Paulo había pedido autorización para entrevistar a Lula. Lewandowski dio permiso y la nota se hizo. Pero Dias Toffoli, que reemplazó en la presidencia del máximo tribunal a Carmen Lucia el 13 de setiembre pasado, impidió que la entrevista fuera difundida. Una medida avalada por el vicepresidente del tribunal, Luiz Fux, a todas luces violatoria de cualquier Constitución del mundo occidental y cristiano, ya que es un caso evidente de censura previa, como refunfuñaron juristas de todas layas.

Este lunes, otra vez Lewandowski, aceptó el pedido del periodista Florestan Fernandes de reportear a Lula en su celda, para la versión en portugués de El País y la RMT. No solo eso, Lewandowski -quien fue nominado para el cargo por Lula, al igual que la mayoría de miembros de la Corte- fue muy duro contra la censura ordenada por sus colegas para el caso Folha. Apunta que son decisiones ilegales y agrega que fueron tomadas por cuestiones «subalternas» y nofundamentaciones leguleyas.

El caso es que Dias Toffoli planteó en su dictamen que la entrevista podría emitirse solio después de la segunda vuelta, argumentando que ahora puede incidir en el resultado de este domingo.Sin embargo, distinto fue el camino seguido por Moro, que ya había condenado a Lula sin evidencias de delito cometido en la supuesta compra de un triplex en Guarujá que nunca se pudo probar. Solo apeló entonces a la convicción de que el ex presidente era corrupto.

Este lunes, Moro liberó a la prensa la declaración de Antonio Palocci como arrepentido realizada en abril pasado (ver aca). El que fuera ministro de Hacienda de Lula y jefe de Gabinete de Dilma fue apresado en 2016 en el marco de la Operación Lava Jato y condenado a 12 años de cárcel.

Se incorporó al sistema de delación premiada para morigerar su sentencia y declaró que Lula había ordenado utilizar fondos irregulares para la campaña electoral de Dilma en 2010. A una semana del comicio, este dato también puede ser parte de una campaña electoral, pero tal consideración no parece mover el amperímetro de la Corte.

Para colmo, la declaración de Palocci, no fue avalada por la fiscalía, que no encontró pruebas de que las palabras del hombre, que fue uno de los fundadores del PT, tuvieran respaldo probatorio.

A todo esto, ante un  escenario de final entre Bolsonaro y Haddad, gran parte del establishment prefiere al representante del PT, ya que Bolsonaro representa mucho del pasado oscuro de Brasil durante al dictadura y sería un baldón para la democracia de ese país.

Sin embargo OGlobo, que fue crucial para el golpe de 1964 tanto como para el de 2016 contra Dilma, ya dio señales de que dará respaldo al candidato xenófobo, machista y defensor de la tortura, entre otras razones, porque garantiza medidas neoliberales para su gestión. Pero sobre todo porque ante la caída de los candidatos del centro golpista (PSDB y PMDB) es el único que podría impedir «la amenaza del comunismo» que encarna el PT aliado con el PCdoB.