Finalmente el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ratificó y amplió la condena contra Inácio Lula da Silva. Todo el plan hacía prever ese final. La destitución de Dilma tenía ese objetivo. Fue dado para poder avanzar con tres medidas antipopulares fundamentales: el congelamiento del gasto público por 20 años, una ley laboral que suplanta a la aprobada en 1943 durante el gobierno de Getulio Vargas y  que deja a los trabajadores en una condición de debilidad absoluta frente a los patrones, y la modificación de la ley previsional, que entre otras cosas obliga a tener 45 años de aportes ininterrumpidos para poder jubilarse. Pero, fundamentalmente, para que Lula no pudiera volver a la presidencia.

La denuncia sobre la propiedad del triplex en Guarujá, es de una fragilidad increíble. Tal es así que los jueces reconocen la falta de pruebas, pero dicen que lo condenan por » convicciones». Está claro que ese tipo de consideraciones hace retroceder siglos al derecho, pero todo vale para tratar de dejar fuera de carrera al hombre que representa la esperanza del pueblo brasileño.

La derecha, con la clara complicidad de los EE UU, tuvo un serio error de cálculo. Creyó que con el derrocamiento de Dilma, y las acusaciones de corrupción propaladas incansablemente por los grandes medios de comunicación, bastaría para que el PT desaparezca, Lula se desprestigie y crezca la derecha vinculada al establishment, la derecha «seria» como el PSDB de Henrique Cardoso, u otra expresión razonable ( y manejable ). Pero no, la derecha no logra posicionar un candidato propio que continúe con el plan de brutal ajuste, porque se los ve como socios de Michel Temer. Sólo aparece en las encuesta Jair Bolsonaro, un ex militar que reivindica la dictadura sin ningún pudor. El resto de los representantes de la derecha tradicional no existen. Y Lula no para de crecer y de recibir apoyo.

Y esto pasa porque las consecuencias de las medidas del gobierno están haciendo estragos en la población. y asocia su pasado bienestar a Lula.  Simple, pero profundamente, cree que para volver a estar bien, Lula debe volver a gobernar.

Ante la guerra jurídica desatada Lula, eligio una respuesta politica. Organizó caravanas por las ciudades de todo el país que generaron verdadera conmoción. Tuvieron un sentido épico sus largos recorridos, y su llegada a decenas de pueblitos del las zonas más pobres. Y luego a ciudades de concentración obrera. Esa mística contagió, logrando que su candidatura tuviera el respaldo de todo el movimiento popular, incluso el que había sido crítico al último gobierno de Dilma. ¿Ejemplos? De las 5 centrales de trabajadores de Brasil, solo 2 respaldaron anteriormente a los candidatos del PT, hoy las 5 apoyan a Lula. El PT nunca había ganado la Unión de Estudiantes Secundarios estando en el gobierno, ahora la dirige. Además de conseguir el respaldo del Frente Brasil Popular, integrado por 88 organizaciones, muchas de ellas enfrentadas a los últimos gobiernos.

La Comisión Ejecutiva del PT ratificará en estas horas la candidatura de Lula, y con la consigna «Elecciones sin Lula es fraude», dejará en claro que no presentará ni respaldará a otro candidato. Y continuará con las caravanas y asambleas populares para discutir un programa de gobierno que culminarán con un acto con más de 100.000 delegados en el mismísimo Maracaná a fin de julio. 

Todavia faltan ver varias batallas en este 2018. La derecha confía en una justicia que violenta la ley y en el poder de fuego de los medios El movimiento popular en Lula, en la política y en su capacidad de movilización. El resultado será trascendente, no solo para Brasil, sino para todos nosotros.

* Director IDEAL-CTA Diputado del Parlasur.