Todo indica que tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el candidato de la extrema derecha antipolítica Rodolfo Hernández, no podrá evitar debatir frente a su contrincante del Pacto Histórico de izquierda, Gustavo Petro, de cara al balotaje en Colombia del próximo domingo.

La justicia acaba de ordenar en un fallo que los candidatos deben participar, a más tardar este jueves, de un debate presidencial y los obliga a que , a que «dentro del término de 48 horas, soliciten y programen de manera conjunta» la realización del encuentro a ser transmitido por el sistema de medios públicos.

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El tribunal tomó la decisión tras evaluar un recurso de protección interpuesto por un grupo de abogados cercanos a Petro, que exige a Hernández consensuar un encuentro con el senador. Los debates son «un derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social», agrega el documento del tribunal difundido este miércoles. 

Tras conseguir el segundo lugar en la primera vuelta del 29 de mayo, Hernández, exalcalde de Bucaramanga (2016-2019), declinó su participación en los cara a cara por considerarlos «polarizantes y de odio». En cambio, elige desde entonces la comunicación directa y unilateral de sus redes sociales, desde donde se popularizó e hizo la mayor parte de su campaña.

Pero además, Hernández tiene un historial de intolerancia frente a ideas divergentes y ha demostrado escasa y nula capacidad para manejar los disensos, como cuando golpeó a un concejal en la cara mientras era alcalde, por no arribar a un acuerdo. La imagen fue rescatada y viralizada luego de las elecciones pasadas. También se registraron sus reacciones frente a preguntas periodísticas, acusando a los entrevistadores de «petristas».

Pese al «empate técnico» que auguran las consultoras, Petro y su equipo confían en que un debate pondrá en contraste las posiciones de uno y otro candidato y permitirá exponer las visiones más retrógradas de su contrincante, lo que podría ser revelador para cierta parte del electorado que lo ve como un viejo simpático famoso en TikTok, crítico de la corrupción y de la «casta» política; y así conducir al hecho histórico de que la izquierda llegue a la presidencia en ese país.

«Hoy le pido Hernández que la acate, como un gesto democrático de cara a la ciudadanía», dijo María Ángela Robledo, excongresista del partido de Petro que lideró la acción jurídica aceptada por el tribunal. En Twitter, Petro dijo estar «listo» para cumplir la orden. Los abogados sostienen que la orden es «ineludible». Hernández no se pronunció. 

Según explicó el equipo legal, los candidatos pueden interponer «un recurso que se llama impugnación, pero que no tiene la capacidad jurídica de suspender la decisión». Si alguno de los implicados la desatiende podría incurrir en «desacato», con sanciones que llegan «hasta la privación de la libertad e inclusive en la posible comisión de un delito que se llama fraude a resolución judicial».