En 2015 el gobierno del estado de Baja California en México firmó un convenio confidencial con la compañía transnacional norteamericana llamada Constellation Brands, para construir y operar una fábrica cervecera en la capital del estado, Mexicali. Este permiso permite a la empresa consumir 20 millones de metros cúbicos de agua anuales. En otras palabras, lo necesario para irrigar 1979 hectáreas, el consumo de 200 mil personas al año o diez veces más que el consumo anual de las siete empresas más grandes de la región juntas, que por cierto generarían diez veces más empleo que la cervecería.

Estos datos duros fueron ignorados por los tres órdenes de gobierno, que en contubernio hicieron posible la entrega de los permisos necesarios para la construcción y operación de la cervecería. En aquel momento el gobierno municipal y estatal se encontraban en las manos del partido de la derecha, el PAN (Partido Acción Nacional) a cargo del gobernador Kiko Vega, y el federal en manos del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también el nuevo gobierno “de izquierda” elegido democráticamente en las últimas elecciones encabezado por el gobernador Jaime Bonilla (bajo las siglas del partido del presidente, MORENA) ha dado su aprobación al menos tácita al proyecto y ha seguido ignorando el reclamo popular.

Aun más, al pueblo organizado se le ha negado la lucha jurídica en contra de la cervecera, puesto que los tribunales electorales locales y federales han rechazado la solicitud interpuesta en arreglo a todos los requisitos legales para llevar a cabo un plebiscito previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, argumentando que la instalación de esta cervecería y su consumo de agua no representa “un hecho trascendental y de impacto en la vida pública de la región”.

Paradójicamente, la utilización de las herramientas de la democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular han sido una de las banderas más representativas de la política del presidente López Obrador como métodos de resolución de conflictos, como en el caso de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía en ciudad de México y el Tren Maya en el sur del país. Declarándose el mismo presidente como un antineoliberal y en contra del proyecto y teniendo la facultad de realizar una consulta ciudadana sobre el tema, debería ser el mismo entonces quien convocase a la misma para que el pueblo decida soberanamente sobre el tema.

Sin embargo, el secretario federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzuren, en una reciente visita a Mexicali participó en un foro que tuvo como cede una elitista universidad privada de la ciudad. En este recinto el secretario federal utilizó un lenguaje contradictorio, pues en un primer momento mencionó erróneamente que en la región hay agua suficiente para la cervecera, para retractarse luego bajo la presión de las preguntas que le hacían los medios minutos después.

Siguiendo la línea temporal, el acontecimiento más importante sobre el tema ha sido la recomendación expedida recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dirigida al gobernador del estado y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde claramente señala que la instalación de la cervecera viola el derecho al agua de los habitantes de la región. La CNDH recomienda al Ejecutivo elaborar un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro y realizar un estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público. Mientras que a la CONAGUA le recomienda realizar las investigaciones necesarias para esclarecer la legalidad de las cesiones de derechos tramitadas. Pero a pesar de que el gobernador Bonilla declaró aceptar las recomendaciones también declaró que carece de las facultades para revocar los permisos dados a la empresa.

La recomendación de la CNDH de cualquier modo ha sido un golpe duro para los dueños del proyecto, pues fuentes cercanas reportan que las actividades de construcción del complejo cervecero se han venido reduciendo y que inclusive trabajadores de la obra han sido despedidos. Parecería que el consorcio hubiese decidido no proseguir hasta que no sea segura su posición legal. Así pues, a cinco años de iniciar la lucha, el pueblo de Baja California, y en especial de la ciudad de Mexicali, sigue mostrándose resoluto a expulsar al monopolio norteamericano de sus tierras para asegurar los recursos acuíferos para las futuras generaciones. Para esto han empleado todas las formas de resistencia legales y de presión social, probando a todos la vigencia de la organización como medio de lucha por excelencia. «