El gobierno de Sebastián Piñera enfrenta su hora más dura. A las protestas de comienzos de esta semana que, pese al toque de queda, produjeron disturbios en la vía pública, saqueos, represión y detenciones, se suma el aumento significativo de casos y muertes por coronavirus y la posibilidad real de que el Senado apruebe la reforma que permitirá el retiro del 10% del fondo de pensiones. La sanción que podría resultar de la sesión de pasado mañana, no sólo pondrá en evidencia lo que la sociedad chilena le critica al presidente, que es la falta de efectividad en el abordaje para contener la crisis, sino que expondrá la debilidad de un mandatario que ya no conduce ni a su propia coalición Chile Vamos. “La calle y la oposición social y política hoy son capaces de instalar la agenda de gobierno y una derecha electa democráticamente, hoy día no garantiza siquiera la paz y aún menos la justicia social”, opinó el líder opositor y excandidato Marco Enríquez Ominami, ante la consulta de Tiempo.

La aprobación en Diputados fue un duro golpe que puso a hacer equilibrio a todo el Gabinete y debilitó a la coalición gobernante. Sobre todo porque la media sanción se logró con 95 votos positivos, entre los cuales había 13 de diputados del bloque Chile Vamos. «No soy un parlamentario de la izquierda, simplemente escucho a la ciudadanía», justificó ante los medios el oficialista Jorge Durán por cómo había votado. Para evitar ese desenlace, el día anterior, Piñera anunciaba la modificación de un programa de apoyo a la clase media, sumando un bono de 630 dólares y estableciendo un crédito blando por 1900, sin interés, un año de gracia y pagadero en cuatro años. Además prometió un acuerdo para modificar el sistema de pensiones, previsto en un viejo proyecto nunca tratado. Pero las propuestas no lograron alinear a la tropa y acallar las protestas convocadas en redes sociales que se desataron desde los balcones y en las calles. Carabineros detuvo a 61 personas y las corridas remedaron el estallido social de octubre del año pasado.

El Senado tiene ahora en sus manos el proyecto que permite el retiro anticipado de los fondos de pensiones privados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Se trataría de una reforma histórica al sistema de capitalización absolutamente individual pionero en el mundo, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fuertemente criticado en los últimos años en Chile por entregar bajísimas pensiones, en muchos casos equivalentes al salario mínimo o inferior. La reforma establece una disposición transitoria que señala que excepcionalmente y para mitigar los efectos de la pandemia, se autoriza a los afiliados al sistema para que de forma voluntaria, por única vez, retiren hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta.

Que la seguridad social sea potestad del Estado es una de las proclamas que lideraron las protestas de 2019, lo cual iba a ser incluido en la Constituyente que Piñera se vio obligado a convocar, originalmente para abril y suspendida ahora y sin fecha por causa de la pandemia. El nuevo escenario podría acelerar ese proceso.

“El retiro del 10% no es la mejor medida pero ante la mezquindad del gobierno es la respuesta más rápida”, señaló Enríquez Ominami. “Había otros caminos que el gobierno se negó a utilizar: recurrir a los ahorros fiscales chilenos, endeudar al gobierno y no a los ciudadanos, que ya están inmensamente endeudados, y apostar a la posibilidad de emitir bonos, deuda pública”.

En su intervención del viernes ante la Comisión de Constitución, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró que el retiro de los fondos tendrá un efecto no contemplado en el Pilar Solidario (un programa estatal que apuntala la inversión de fondos de pensiones) que tendrá que ser complementado por el Estado con un gasto público de 3520 millones de dólares, y también que el fisco “dejará de recibir 760 millones de dólares por concepto de impuestos que no se van a pagar”.

Chile atraviesa la pandemia con aumento significativo de casos, a pesar de haberse establecido un toque de queda y un aislamiento total en la región metropolitana que lleva cerca de 60 días. Para las autoridades sanitarias, el incremento tiene que ver con «el no cumplimiento de las normas sanitarias», según advirtió el ministro de Salud, Enrique Paris. Esto, dijo, “va conducir probablemente a retrocesos graves en el manejo de la pandemia». Hasta anoche, los infectados sumaban cerca de 327 mil, con 8400 muertes a las que se sumarían otras 3000 “posibles”, según se sospecha del conteo oficial. Con una población cercana a los 19 millones, Chile cuenta con 38 muertos por cada 100 mil habitantes: Argentina ronda los 4