El acuerdo que se firmó en La Habana tiene como garantes a las Naciones Unidas y a la CELAC y es el inicio de una ruta para que las FARC puedan convertirse en un movimiento político con plenas garantías constitucionales y legales. Pero este final del camino tiene varios escollos que superar.
El primero tiene que ver con un recrudecimiento de los grupos neo paramilitares, herencia de un acuerdo que se hizo en 2006 de sometimiento a la justicia que no desmovilizó a todas estas estructuras armadas, conformando nuevas organizaciones denominadas de diversas maneras, pero cometiendo los mismos crímenes y agrediendo a dirigentes sociales, líderes de movimientos ambientales y de restitución de tierras.

Estos grupos neo paramilitares comparten influencia en algunas zonas con presencia de las FARC, razón por la cual las comunidades de estas áreas tienen temores de ser atacados cuando haya la dejación de armas del movimiento insurgente. Existe la dolorosa experiencia de la Unión Patriótica, grupo político conformado por las FARC cuando firmaron acuerdos con el gobierno de Belisario Betancurt, y posteriormente fueron asesinados más de 3000 de sus militantes.

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Por esto es que se ha insistido tanto en un Sistema Integral de Seguridad que garantice el respeto a sus vidas a los miembros reincorporados y a las comunidades con las que han convivido.

Un segundo tema es el de los presos políticos y de conciencia, que son acusados de ser miembros de la guerrilla y están en condiciones propias de un sistema penitenciario con un hacinamiento en algunas cárceles de más del 300% y pésima atención médica. El reto es la capacidad del sistema jurídico que se está creando para darles una pronta salida a estos presos, ya que una demora en atender este asunto vital le quitaría credibilidad también a los miembros de las FARC en la eficacia de este proceso de paz.

Un tercer elemento es la llamada resistencia civil al proceso de paz encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, y a grupos económicos y de interés que ven en la paz una amenaza a sus negocios. Esto se conjuga con una mala información y difusión de lo acordado en la mesa, que se ha prestado a la manipulación y la desinformación de grandes sectores de la opinión pública.

Un cuarto elemento son las falsas expectativas económicas que se han creado en regiones que piensan en llegadas masivas de recursos sin tener en cuenta las dificultades fiscales que atraviesa Colombia por los bajos precios internacionales del petróleo, el carbón y otros minerales que son la fuente fundamental de divisas.

Este acuerdo incluye también la creación de 23 zonas federales transitorias de normalización y ocho campamentos que serían los sitios de ubicación de las distintas estructuras militares farianas en el territorio nacional, durante 180 días anteriores a la dejación de las armas, lo cual representa también un reto para el gobierno nacional frente a poderes políticos regionales y algunas organizaciones sociales que se oponen a la creación de estas zonas en sus territorios.

A manera de conclusión, todo también se relaciona con una deficiente pedagogía y explicación de las bondades de la solución negociada y poder  mostrar a toda la comunidad colombiana que es mejor la paz que la guerra. «