El gobernador ultraderechista del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y un sector integrado por fuerzas separatistas mantienen un paro elitista y patronal desde el 21 de octubre contra el gobierno central de Bolivia: las medidas de fuerza y los bloqueos se intensificaron el último sábado 21 y en la última semana el saldo fue un muerto y decenas de herido, en un clima de alta tensión, donde se multiplican las marchas y los enfrentamientos, especialmente en los múltiples bloqueos. A la par de eso, el gobierno tomó la medida de la suspensión en las exportaciones de alimentos con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno.

Mientras el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, informó que la huelga ya ha dejado pérdidas por 200 millones de dólares, al tiempo que destacó que los principales perjudicados son los pequeños productores y comerciantes, y por supuesto, la población en general podría sufrir desabastecimiento. Hace unas horas, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció la suspensión temporal de la exportación de soya, azúcar, aceite y carne de res. El de Obras Públicas, Edgar Montaño, a su vez alertó sobre la posibilidad concreta que a la brevedad pueda haber desabastecimiento de combustibles.

En este clima también se reproducen las denuncias de un nuevo intento de un golpe de Estado. Fundamentalmente porque Camacho y los líderes del Comité Cívico pro Santa Cruz exigen que se adelante para el próximo año, un censo de población y viviendas, que fuera pospuesto en su ocasión por la pandemia de Covid 19, decisión que contó en su momento con el consenso de todos los gobernadores del país y sólo tuvo la oposición del líder cruceño. Los datos poblacionales que arrojará ese trabajo se consideran fundamentales para reactivar dos aspectos: el reparto de fondos públicos y el reordenamiento de los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que según parece podría beneficiar a la oposición en desmedro del oficialismo, en dos o tres escaños. De todos modos el hecho de posponerlo no parece justificar un conflicto que pudiera derivar en una crisis internacional.

Pero la puja fue tomando temperatura nacional. Y se produjo un serio chisporroteo cuando Camacho amenazó con que, si Arce no cedía, Santa Cruz comenzaría un paro indefinido. Así sucedió el fin de semana pasado y la crisis se intensificó. Al punto de que se produjo un muerto en los enfrentamientos entro los partidarios de Camacho y los del gobierno donde falleció Pablo Taborga, quien se manifestaba contra la huelga.

Mientras el presidente convocó a un encuentro plurinacional con autoridades nacionales. También sumó al debate a los rectores universitarios para tratar de encontrar una solución al conflicto. Pero Camacho rechazó cualquier tipo de diálogo.

Advirtió: «Ir a esa reunión es irrespetar al pueblo cruceño y avalar una reunión de masistas para sacar una fecha (del censo) en 2024, siempre lo dijimos: estamos abiertos al diálogo». Lo que no dijo es que también se había negado a participar en todas las anteriores convocatorias. El presidente Luis Arce respondió en persona: «Es una situación donde la vieja derecha, la derecha golpista, quiere seguir emprendiendo una aventura golpista en nuestro país». Fue enfático en plantear que “los movimientos campesinos y populares están dispuestos a detener estas amenazas”.

Golpismo a cara lavada

Conviene recordar que Camacho es uno de los políticos más reaccionarios, racistas, y patriarcales del Altiplano, que participó activamente en la organización y desarrollo del golpe contra Evo Morales en 2019. Aquellos episodios tuvieron como punto de iniciación una medida de fuerza patronal de muy parecidas características que el actual: el que derivó en la presidencia de Jeanine Áñez Chávez, actualmente en prisión, arrastró a sectores amplios y determinantes de la clase media boliviana.

Claro que los analistas estiman que las condiciones generales no son las mismas que hace tres años atrás y que, por otra parte, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el que sufrió considerablemente aquel golpe, ahora cuenta con esa experiencia. Además que cuenta muy positivamente la gran victoria electoral en que superó el golpe de derecha y revirtió la situación, aun cuando Evo Morales, proscripto no pudo participar de las campañas sino desde la Argentina. Ese 55 por ciento de los votos es un capital político que aún pesa con determinación.

La exigencia cruceña no prende en otros departamentos que no sea la capital del país, La Paz, aunque tenga capacidad de daño en muchas de las economías regionales. En la ciudad, el miércoles pasado, opositores al gobierno de Luis Arce organizaron la denominada “Marcha de la paceñidad por la paz, la unidad y el censo 2023”. Pero el clima no pacífico y la violencia volvió a estallar cuando hubo cruce con partidarios masistas: hubo enfrentamiento con piedras y palos y el saldo fue al menos unos 20 heridos.