Las Fuerzas Armadas decidieron realizar operaciones conjuntas con la Policía «para contener la violencia»

"El mando militar de las Fuerzas Armadas ha dispuesto que se ejecuten operaciones conjuntas con la Policía para evitar sangre y luto en la familia boliviana", dijo Kaliman en una declaración televisada.

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Las Fuerzas Armadas accedieron el lunes a realizar operaciones conjuntas con la policía para frenar la violencia en las calles de Bolivia tras la renuncia del mandatario Evo Morales, a quien México concedió asilo político.

Para buscar llenar el vacío de poder, Jeanine Añez, la segunda vicepresidenta del Senado, y más probable sucesora interina de Morales, anunció en tanto la próxima convocatoria ae una elección presidencial.

«Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quieren y el sentimiento de todos los bolivianos», dijo a la prensa Añez, quien resulta la más probable sucesora tras la dimisión de todos los que la precedían en la línea de sucesión a Morales.

«Tenemos ya un calendario. Creo que la población grita por que el 22 de enero tengamos ya un presidente electo», añadió, evocando la fecha prevista, antes de la crisis, para la toma de funciones del próximo presidente de Bolivia.

La crisis desatada por la presión que obligó a la renuncia de Morales, luego de tres semanas de protestas por las cuestionadas elecciones en las que el primer mandatario indígena del país buscaba un cuarto mandato, se profundizó el lunes en medio de la incertidumbre y los actos de violencia.

Grupos de descontentos desataron la violencia en Cochabamba (centro) y El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde quemaron unidades policiales, hirieron a uniformados y civiles, y causaron pánico en la población.

La policía, desbordada, pidió entonces apoyo a los militares.

«El mando militar de las Fuerzas Armadas ha dispuesto que se ejecuten operaciones conjuntas con la policía para evitar sangre y luto en la familia boliviana», dijo en respuesta el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.

La delicada situación será debatida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una reunión especial el martes, anunció el organismo.

La secretaría general de la OEA rechazó el lunes «cualquier salida inconstitucional» y reclamó al Poder Legislativo reunirse «en forma urgente» de cara a la organización de nuevos comicios tras los realizados el 20 de octubre, impugnados por la oposición y por el organismo regional.

– Asilo en México –

El Senado de 36 curules, donde los seguidores de Morales son aún mayoría con 25 bancas, debe sesionar el martes para ratificar las renuncias del gobernante y otros miembros de su gobierno y nombrar al presidente interino de Bolivia.

El exmandatario aymara de 60 años se encontraba en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, desde su sorpresiva dimisión el domingo en televisión, horas después de convocar a nuevas elecciones ante las irregularidades electorales «graves» denunciadas por los observadores de la OEA.

Pero en una carta enviada al Congreso este lunes, Morales dijo que la suya fue una «renuncia obligada (…) producto de un golpe de Estado político, cívico y policial».

México le concedió asilo político, según anunció el canciller Marcelo Ebrard, y un avión militar de ese país volaba en la noche de Perú a Bolivia para buscar a Morales.

– Bolivia a debate en la OEA –

En La Paz, semiparalizada por el escaso transporte público, muchos comercios permanecieron cerrados por temor a los saqueos que se desataron la noche del domingo en algunos barrios de la zona sur y en la vecina ciudad de El Alto.

Al final del día, una columna de centenares de partidarios de Morales, avanzaba hacia La Paz desde El Alto, mientras el expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios del 20 de octubre, denunciaba un inminente ataque a su casa.

Morales dimitió presionado por los militares, la policía y por la oposición, que le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 con el fin de pacificar al país renunciando al cuarto mandato al que aspiraba tras sucesivas reformas constitucionales y un referéndum adverso.

El desenlace fue denunciado como un «golpe de Estado» por gobiernos de izquierda de América Latina, entre ellos México, Cuba, Argentina, Venezuela y Uruguay. 

El gobierno ruso, también aliado de Morales, dijo que las acciones violentas de la oposición forzaron su salida, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaron a la «moderación», la «responsabilidad» y a nuevas elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes la renuncia de Morales como un «momento significativo» para la democracia en la región, que envía «una fuerte señal» a los gobiernos «ilegítimos» de Nicaragua y Venezuela.

Trump elogió el papel de los militares de Bolivia en la salida de la presidencia de Morales, una partida que «preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga oír su voz». 

– Debate por la sucesión –

En Bolivia, en ausencia del presidente la Constitución establece que la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de la Cámara de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

En la embajada mexicana en La Paz se refugiaron «20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia», según el canciller Ebrard.

Además, el exministro de gobierno boliviano, Carlos Romero, la ex ministra de Planificación, Mariana Prado, y un tercer exfuncionario de menor rango se encuentran bajo protección de Argentina, en su embajada en La Paz, aseguraron a la AFP fuentes diplomáticas argentinas.

Morales, forjado políticamente como sindicalista cocalero, dejó el poder defendiendo un legado que trajo progreso económico y social a una de las tres naciones más pobres de América Latina.

Tras la renuncia de Morales, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano por orden de la Fiscalía, que investiga irregularidades cometidas en las elecciones.

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