El fiscal Marcelo Pecci y su pareja, la periodista Claudia Aguilera, disfrutaban de su luna de miel en una paradisíaca isla de la Península de Barú, a 45 minutos de lancha de Cartagena, en el Caribe colombiano. Dos sicarios llegaron en una lancha de agua, lo ejecutaron a tiros y se fueron. La mujer, embarazada, percibió arrodillada junto a él, cómo fallecía de inmediato. En apenas 13 minutos, los asesinos alquilaron el vehículo, se metieron mar adentro, llegaron a la playa, mataron al fiscal y devolvieron el aparato.

Tal vez alguien llegue a explicar por qué un fiscal paraguayo, con intensa actividad en la lucha antinarco haya elegido un viaje a una recluida isla colombiana, sin protección ni resguardo oficial. Extraña incluso en los ámbitos políticos paraguayos esa decisión que lo dejó expuesto. Por supuesto que menos extraña es la inmediata reacción en la que se hacen las más insólitas vinculaciones de los sospechados de haber realizado el asesinato.

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Pecci, a sus 45 años, era un activo integrante de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, de la justicia paraguaya. Una de sus intervenciones destacadas fue en la investigación «A ultranza Py» que provocó cientos de acciones, más de 40 detenciones y la incautación de cerca de 100 millones de dólares en bienes del narcotráfico. Otro de los episodios en los que se involucró en pos del esclarecimiento fue la matanza producida este verano en el recital denominado Ja’umina Fest, en  el anfiteatro José Asunción Flores, de San Bernardino, cuando estaba actuando el grupo colombiano Binomio de Oro, que antecedía a la banda argentina Damas Gratis. En medio del concierto se produjo una balacera, presumiblemente un ajuste de cuentas entre facciones narcos. Una modelo, Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres -ajena al episodio- y dos personas más resultaron asesinadas. Además, Pecci investigaba los probables tentáculos en Paraguay del temible Clan del Golfo, que tiene implicancias en el tráfico y lavado de la droga en Colombia, cuyo líder, Luis Fernando Palacios Cordoba, alias «Mosquito», fue extraditado a EE UU, hace escasas horas.

Por supuesto que la pregunta clave es si el asesinato de Pecci es un episodio aislado. Y la respuesta, a poco que se hurga en la realidad paraguaya es que, definitivamente, no.

Una importante intelectual del país, que varias veces fue amenazada y prefiere resguardar su identidad, advierte que “las mafias se instalaron con todo en Paraguay” y teme que sea “imparable” cuando se decidan a atacarlas. Califica a parte del gobierno como una “lavandería del dinero del narcotráfico regional”. Confirma que en los últimos tiempos se “reproducen los asesinatos que son ocultos por los medios de comunicación. Los sicarios matan en todos lados, todos los días. En las últimas horas hubo tres un día, otro al día siguiente”. Agrega que el “Congreso está lleno de personeros”.

Como una cuestión simbólica, relata: “Vas al aeropuerto de Asunción y parece que vas a Miami. Hay edificios lujosos vacíos o a medio construir”. Dice, en el mismo sentido, que tanto en Asunción como en el resto del país “hay más estaciones de servicio que usuarios”.

Por su parte, el senador Alexis Pereira, compañero de bancada del expresidente Fernando Lugo y de una de las candidatas de la izquierda para las presidenciales del 2023, Esperanza Martínez, en la primera sesión tras el asesinato, efectuó un encendido alegato.  Pocas horas, en comunicación con Tiempo, enfatizó que “hay un plan de intervención delineada desde Brasil, EE UU y Europa, que se conformó a partir de la ruta de la cocaína. Es una injerencia real que se da en un contexto donde se fomenta la inseguridad y desconfianza en los órganos de inteligencia. Es una situación grave, caótica”.

Concretamente, responsabilizó al expresidente Horacio Cartes de haber sido “cómplice” de que las “mafias narcopolíticas se hayan enquistado en el Estado paraguayo». Señaló que “una eventual victoria suya (en 2023) sería una catástrofe para el país”.

Puntualizó que “lo que sucedió con el asesinato político del fiscal es una señal clara para los fiscales y jueces que quieran mantener cierta objetividad y parcialidad, y que  esa mafia del narcotráfico no sea su destino. Y es un mensaje claro para los órganos de seguridad de los intereses norteamericanos: en Colombia hay ocho bases militares norteamericanas, donde además se forman fiscales y jueces. El hecho se produjo allí. Es un mensaje”.   «