A un mes del inicio de las protestas en Colombia, con más de 50 asesinatos en contextos de represión y violencia, miles de heridos, cientos de desaparecidos y hechos de abuso sexual contra manifestantes, el gobierno de Iván Duque profundiza su política represiva. Lejos de atender la demanda creciente de sectores de la sociedad civil, instituciones y organizaciones de Derechos Humanos, de convocar a los organismos internacionales para que se logre frenar la escalada de violencia, sobre todo institucional; Duque acaba de ordenar un “máximo despliegue militar” en la ciudad de Cali y el departamento del Valle de Cauca, la zona más comprometida, e impuso un toque de queda nocturno.

Mientras, algunos organismos empiezan a recomendar no salir a las calles para “proteger la vida”. El abogado y activista en DD HH Dicter Zúñiga confirmó a Tiempo que en la madrugada de ayer se registraron al menos nueve asesinatos en Cali (otras informaciones hablan de 10) en una nueva jornada de protestas. Después de que el gobierno aceptara a regañadientes y sin fecha definida la visita propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó ayer a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, adelantar esa misión, ya que el organismo tiene en agenda un encuentro con organizaciones locales recién para el 29 de junio. Para el Defensor, Carlos Camargo, una visita adelantada, en el marco del llamado Paro Nacional, “permitiría que los miembros de la CIDH tengan información real y completa, puedan interactuar personalmente con todos los actores y contribuir a fortalecer los escenarios para la garantía de los Derechos Humanos”. Además, señaló que la presencia de la CIDH aportaría al esclarecimiento sobre violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las movilizaciones, al tiempo que “facilitaría las negociaciones que están en la mesa, contribuyendo a la consolidación de la confianza”.

En eso coincide la misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, un contingente de 21 dirigentes argentinos que se encuentra en distintas ciudades de Colombia desde el 25 de mayo. “Estamos constatando, a través de las denuncias que estamos tomando como misión internacional, todas las situaciones de asesinatos, desapariciones y violencia con la intención de poder acercar esa información a organismos internacionales, ya que no ha podido ingresar todavía a Colombia la CIDH”, dijo a Tiempo la legisladora porteña Laura Velasco, integrante de la misión junto con Pablo Pimentel, Sergio Maldonado, Marianela Navarro y otros dirigentes, entre ellos Juan Grabois, a quien no permitieron el ingreso al país. “Hay más de 50 personas asesinadas y más de 500 desaparecidos 1500 heridos, unas 27 mujeres que han sido violadas, unas 87 mujeres que han sido violentadas en alguna forma”, expuso Velasco en base a los testimonios registrados. “Uno de los sitios donde habrían de llegar es precisamente aquí, a Cali”, explicó Zúñiga en referencia a la misión de la CIDH. “Sería un testimonio más, hay muchas cosas en juego hacia el futuro cercano”, agregó. “Esta gente (por el gobierno) difícilmente va a ceder en su forma de actuar, porque es la única que les queda frente a las acciones judiciales tanto nacionales como internacionales”.

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(Foto: Juan Pablo Pino / AFP)

Con motivo del cumplimiento de un mes desde que iniciaron las protestas, el 28 de abril, la ONG Temblores difundió el viernes la plataforma BIBA (Búsqueda de Identidades Desaparecidas) ante la creciente denuncia por desapariciones. “La violencia policial se ha exacerbado durante este mes. En ocasión del lanzamiento, afirmó que “desde nuestra plataforma GRITA, hemos podido registrar al menos 3405 hechos de violencia policial, es decir, durante este mes, en promedio ha habido 113 hechos de violencia policial al día”, publicó en su sitio web. “Además de estas cifras alarmantes, hemos podido identificar algunas prácticas sistemáticas realizadas por miembros de la Fuerza Pública que atentan contra los derechos y la integridad tanto de la ciudadanía que ha salido a manifestarse en las calles, como de transeúntes y personas que desarrollan actividades en el espacio público o que se resguardan en sus viviendas”, expuso.

La situación es tan crítica que ayer por la tarde, la organización directamente recomendó por twitter a todos los manifestantes “que aún se encuentran en las calles que busquen resguardo pronto para proteger su vida y su integridad”.

El gobierno de Duque movilizó a 7000 efectivos en todo el departamento de Cauca bajo la figura de asistencia militar. El presidente explicó que las medidas permitirán “triplicar la capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos” en los que se vieron “actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”. Explicó, además, que se acelerarán “todas las órdenes de captura por estos hechos” e insistió en que procurará “la protección de los corredores y el desbloqueo como principio, como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”.

El Gobierno pretende que el Comité Nacional del Paro (CNP), que desde hace un mes y un día cumple medidas de fuerza, rechace los bloqueos como método. El Gobierno pretende que el Comité Nacional del Paro (CNP), que desde hace un mes y un día cumple medidas de fuerza, rechace los bloqueos como método.