En la primera semana de febrero se produjo en Haití el enésimo alzamiento social en sus más de dos siglos de vida imaginariamente independiente. Fue el corolario de las protestas que el año pasado habían conmovido al país con sus reclamos contra la corrupción y las políticas de hambre del FMI, aplicadas obedientemente por el presidente Jovenel Moïse. Y fue el prólogo de las movilizaciones que en julio de este año conmovieron al país levantando las mismas consignas. La verdad no sobrepasó las transparentes aguas del Caribe, quedó ahogada allí, amordazada, aunque se estima que los muertos superan el centenar. Hubo después un breve impasse, y el 2 de setiembre los haitianos volvieron a adueñarse de las calles hasta ahora y, todo indica, hasta que haya alguna respuesta a sus necesidades de trabajo, comida y decencia.
Se estima que en esta última ola represiva las nuevas víctimas superan la treintena. La ONU y su comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la OEA y su secretario general, Luis Almagro, el FMI, la Unión Europea y las potencias tan prestas a medir las crisis ajenas, todavía no le pusieron números al drama que viven los habitantes de las tierras occidentales de La Española. El sociólogo Lautaro Rivara, vocero de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití, dijo que todas esas entidades, esos gobiernos y esos personajes de la diplomacia global no actúan en el Caribe con la misma presteza con que lo hacen para agredir a otros países, simplemente porque son instrumentos de las agresivas políticas de Estados Unidos. Haití, agregó “se ha convertido en la punta de lanza de la ofensiva contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro”. Y Estados Unidos es el gran beneficiario de lo que puede ser el fin de la relación de privilegio que mantiene Venezuela con esa región.
En esta última fase todo hizo eclosión por el desabastecimiento de combustibles, que a juicio de las organizaciones populares es provocado por el gobierno para justificar la eliminación de los subsidios y el consecuente aumento de los precios y la baja de los salarios. Se trata de una imposición del FMI, como ocurre en todos los países del mundo en los que el organismo pasó a dirigir sus economías. En pocos días, mientras el gobierno había ocultado dos grandes partidas de crudo para consolidar la escasez, el precio de la nafta o del querosene usado para alumbrar las casas se multiplicó por dos o hasta tres veces, según la zona. La explosión social fue automática. Una investigación de Radio Ibo de Port-au-Prince confirmó que en un sector de la terminal portuaria de la capital estaban ocultados 140 mil barriles de petróleo.
La crisis tiene una segunda causa, esencial, que se relaciona con la geopolítica regional, dice Rivara, y agrega: “Las sanciones que Estados Unidos aplica a Venezuela impiden la libre navegación de los cargueros que antes abastecían al país de combustibles subsidiados y en condiciones preferenciales. Impedido de recibir crudo barato, Haití se ve forzado a acudir a un mercado global dominado por las transnacionales, que imponen precios imposibles de abordar para un Estado pobre, como el haitiano”.
Rivara hace aquí una pausa: “La política de Estados Unidos –dice– busca cerrar el cerco sobre el gobierno de Venezuela, debilitar su peso en la región, golpear colateralmente a Cuba, que también sufre desabastecimiento, aunque moderado, y debilitar la alianza de los países de Petrocaribe, la cooperación energética que en 2005 golpeó los intereses de Chevron y Exxon Mobil, entre otras”.
Petrocaribe es un instrumento de cooperación energética firmado en 2005 por iniciativa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. El acuerdo fue suscripto por 17 países de América Central y el Caribe, al que se sumó Haití un año después. El proyecto dio lugar a una alianza con Venezuela para acceder a petróleo en condiciones de pago preferenciales. Una parte del crudo se paga contra entrega y el resto a 25 años, con un interés del 1% y un período de gracia de dos años. Algunos países, incluso, pagan una parte de la operación en especias. En el caso específico de Haití lo hacía con bananas y porotos. Petrocaribe incluyó a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Guyana, Grenada, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Surinam. Guatemala se retiró en 2014 y Belice y Haití en 2017.
Con fondos de la alianza, los países adheridos pudieron ejecutar programas de desarrollo. No todos lo hicieron. En Haití esto se constituyó en lo que quizás sea el mayor escándalo de corrupción de todos los tiempos. Mientras una comisión legislativa ordenó investigar la “desaparición” de 2.000 millones de dólares, organizaciones civiles estimaron el desfalco en 3.800 millones. Tras una paciente diplomacia intervencionista, y con aliados que no vacilaron en inmolar a sus pueblos en el altar del FMI, Estados Unidos logró quebrar al más ambicioso proyecto diplomático urdido por un país periférico. Con la previsible muerte de Petrocaribe, Venezuela pierde el voto de 17 aliados en toda instancia de la ONU u otros organismos internacionales.
Agua para privilegiados
De los poco más de 11 millones de haitianos, el 1% tiene un buen pasar o lo que se dice un pasar aceptable. Esas cien mil personas respiran más o menos bien y cuentan con energía eléctrica en su casa. Muchas de ellas, sin embargo, viven donde el saneamiento y las cloacas son un conocimiento teórico. Otras, cuatro sobre diez, saben del agua potable a través de los relatos, y acceden a tal lujo pagando sumas que escapan a la imaginación. Por ejemplo, un dólar –ese impúdico sueño argentino– por un botellón de tres litros.
El acuífero que se extiende por el subsuelo de la llanura oriental de Cul-de-Sac es la mayor fuente de suministro de agua para uso humano. Allí el Estado explota 18 pozos para atender el área metropolitana, que requiere 300 mil metros cúbicos. Pero sólo extrae un equivalente al 37% de las necesidades de Puerto Príncipe. Astrel Joseph, director general del Ministerio de Medio Ambiente, reveló que las cervecerías, algunos particulares y las embotelladoras de la bebida que refresca mejor en Estados Unidos, en Haití, en Argentina y en el mundo entero, extraen y usan el agua del acuífero sin control alguno.
En Haití, el consumo de agua embotellada pasó del 9% en 2006 al 49% en 2018, pero eso sí, a un precio estable de 36 dólares cada 100 litros. Según la Organización Mundial de la Salud, para estar bien limpito, una ducha de diez minutos insume 200 litros de agua. Si los haitianos fueran buenos observantes de los estándares internacionales, cada bañito les costaría 72 dólares. Según el Banco Mundial, el 61% de los haitianos vive con menos de dos dólares diarios.
