Mientras el establishment económico y político juega sus cartas a que el próximo miércoles el TRF-4 (Tribunal Regional Federal N° 4) sostenga la condena que el juez Sergio Moro le impuso a Luiz Inácio Lula Da Silva de nueve años y medio de prisión por presunto enriquecimiento ilícito surgido de las operaciones de corrupción conocidas como Lava Jato, el exmandatario lo desafía alegando: «Yo ya comprobé mí inocencia, ahora es el Tribunal que debe comprobar mi culpa».
Es que la base que sustenta el fallo de primera instancia es el otorgamiento de un triplex en Guarujá (San Pablo) a cambio de concesiones a la constructora OAS Emprendimientos, tal como surge de una delación premiada del presidente de la firma Leo Pinheiro. Sin embargo, en otro caso, una jueza de apelaciones del Distrito Federal embargó en el marco de una quiebra diferentes propiedades de OAS Emprendimientos, entre ellas el departamento en cuestión. En consecuencia, no hubo transferencia de propiedad del mismo al expresidente. Y ya no hay duda al respecto.
Con estas pruebas, una causa común hubiese caído. Sin embargo, a partir de la negación que le hizo el TRF-4 al pedido de Lula de exponer antes de la sentencia, hay indicios de que este nuevo aporte, a pesar de lo contundente, no cambie el rumbo al que se encamina la decisión de respaldar el fallo del juez Moro, que oportunamente el presidente del TRF-4 Thompson Flores consideró como impecable.
Así, el politólogo brasileño Leonardo Avritzer, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, dijo a Tiempo Argentino que «va a haber una condena pero tal vez sea más blanda que la de Cuero (sede del juez Moro)». Es que el TRF-4 tiene la facultad de modificar la pena de primera instancia que, por este delito y según el Código Penal, le corresponden de dos a 12 años de prisión. Sostiene Avritzer que «una pena más blanda no va a implicar la prisión, pero permitirá el festejo para quienes quieren la prohibición a la candidatura de Lula».
Lo cierto es que una sentencia así dejaría la decisión de prohibir la candidatura de Lula Da Silva a las elecciones de octubre de este año al Tribunal Superior Electoral a partir de la aplicación de la Ley de «Ficha Limpia», que invalida la postulación de candidatos con condenas de segunda instancia, especialmente por casos de corrupción.
Esto fortalecería la estrategia del Partido dos Trabalhadores (PT) de sostener la candidatura de Lula inscribiéndola en la fecha límite del 15 de agosto próximo, «sea condenado, apresado o no», tal como señaló a Tiempo el expresidente del PT, Ruí Falcão, quien relató su optimismo por las movilizaciones de apoyo a la candidatura de Lula que se dieron en todo Brasil. Al respecto, el dirigente petista comentó: «Las manifestaciones fueron muy positivas en todos los Estados. Muestran la fuerza de la militancia y la indignación frente a la injusticia de condenar a un inocente (Lula) y a la defensa de la democracia violada por el golpe, que viene promoviendo medidas antipopulares, antisociales y antinacionales». También señaló Falcão que «hubo lanzamientos de comités populares, reuniones con artistas e intelectuales, y caravanas por todo el país, incluso actividades de protesta en la mismísima ciudad de San Pablo con la presencia de Lula», lo que muestra un gran apoyo popular al derecho de postularse del exmandatario.
En la misma línea, el presidente de la CUT (Central Única dos Trabalhadores), Vagner Feitas, sostuvo que «van a defender la legalidad y el derecho del expresidente Lula a ser candidato a la presidencia y así recuperar la democracia perdida con el golpe». Sobre el motivo que los lleva a luchar por la candidatura, el sindicalista afirmó: «Lula personifica el retorno de nuestros derechos, por eso vamos a estar en las calles contra la reforma previsional, contra la reforma laboral y por la legalidad democrática que ponga fin a este golpe». «
El establishment en vilo a la espera de un fallo
Un análisis podría sostener que el establishment económico y político también gana tiempo con los avatares judiciales para instalar a un candidato que pueda hacer frente a la postulación de Lula. Si bien muchos tomaron con sorna la bravuconada de Michel Temer de aspirar a la reelección, lo cierto es que de las candidaturas como la del ultraderechista Jair Bolsonaro o el conductor de la Rede Globo, Luciano Huck, no logran instalarse, y los tucanos del PSdB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) caen en desgracia al sumar más partidarios en casos de corrupción.
El bloque de poder que sustenta al gobierno de Temer quiere evitar a toda costa la candidatura de Lula, cuyo triunfo implicaría una cancelación de las principales medidas adoptadas, en especial la enmienda constitucional que limita el gasto público en salud y educación, entre otros males, y que tal como lo anunció el expresidente será sometida a referéndum para anularla. En caso de que ese poder no encuentre un candidato de fuste que permita ganar la mano final del juego, desplazaría su estrategia hacia una instancia de Lawfare, la guerra jurídica que viene llevando hasta ahora, que evite la vuelta de un gobierno popular que reimplememte los derechos que Temer sacó.
