El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentará un nuevo encuentro en la Justicia brasileña. El próximo 6 de marzo, el Supremo Tribunal de Justicia, corte penal de tercera instancia a la que la defensa del exmandatario interpuso un habeas corpus ante la posibilidad de un pedido de prisión preventiva del Tribunal Regional de Justicia Nº 4 que el 24 de enero pasado ratificó la sentencia del juez en primera instancia, Sérgio Moro, y la amplió de nueve años y seis meses a 12 años.

Una sentencia que gran parte de la ciudadanía brasileña considera como una persecución política, tal como lo afirma el 56% de los encuestados de un sondeo solicitado por la Central Única de Trabajadores (CUT) y la consultora Vox Populi. En la misma pesquisa, el 49% sostiene que Lula no debe ir preso porque la condena ha sido sin pruebas e injusta. Es que la decisión del juez Moro, ratificada por el TRJ-4, se centra en la delación por parte del presidente de Odebretch de un supuesto soborno recibido por Lula de 1,2 millones de dólares en forma de especie a través de un departamento triplex en el balneario paulista de Guarujá, con sus reformas y pago de depósitos. Sin embargo, otra jueza demostró que el inmueble jamás estuvo en propiedad del exmandatario.

La idea de injusticia se basa en la arbitrariedad del juez Moro en los casos que aborda. Por ejemplo, los tesoreros del Partido dos Trabalhadores (PT), al que pertenece Lula, y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso fueron delatados. Para el petista, Moro dictó prisión preventiva y le abrió una investigación que, al no tener resultados, tuvo que absolverlo por falta de pruebas. Pero para el tucano, el juez rechazó investigar y mando a archivar, a pesar de haber recibo información de la Justicia de Suiza que constató 113 millones de reales (casi 35 millones de dólares) en cuentas que captaban propinas de José Serra, Aloysio Nunes y Geraldo Alckmin, actual gobernador del Estado de San Pablo y candidato a la presidencia.

Con esos antecedentes, en una entrevista a la agencia francesa AFP, Lula sostuvo que a pesar de pensarlo todo el tiempo siente «no tener miedo de ir preso» porque confía en su inocencia y entiende que las causas son meros artilugios para evitar su candidatura a la presidencia y el regreso del PT al gobierno. Así, Lula se muestra confiado y continúa con su caravana en autobús por 14 ciudades del Brasil y piensa enviar una nueva Carta al Pueblo Brasileño para sostener su postulación.

Lo cierto es que Lula encabeza todas las encuestas, que vaticinan un triunfo del petista, representando un gran fracaso del golpe dado en 2016 contra Dilma Rousseff. Esto preocupa mucho a una derecha que tendría como recurso la inhabilitación. Incluso, el encuentro entre Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el petista Fernando Haddad repercutió en los análisis políticos porque podría ser una fórmula de unión de las izquierdas, frente una ofensiva que excluya a Lula, con posibilidades de hacer frente a construcciones frágiles del establishment político-económico, que van desde el ultraderechista Jair Bolsonaro, pasando por el conductor de la Rede Globo Luciano Huck, hasta la remota postulación de Michel Temer.

Esto muestra que la disputa no es meramente por una candidatura, sino por la confrontación de dos proyectos para Brasil, y de impacto en América Latina, del cual se busca imponer la continuidad de las políticas neoconservadoras reinstaladas a partir del golpe. No obstante, Luiz Inácio Lula da Silva confía en el Supremo Tribunal Federal si no tiene una resolución favorable por parte del STJ. Por eso, más allá de que algunos sostienen que dio vía libre a Haddad para su almuerzo con Gomes, aún no se pronuncia por ningún candidato alternativo. 

Es más, Lula sostuvo que espera que el tribunal federal tome los testimonios y las pruebas del caso y ratifique su inocencia. Por eso, entiende que será el candidato y ganará las presidenciales de octubre. «


*Politólogo UBA