El próximo capítulo de esta guerra en cámara lenta que llevan adelante Madrid y Barcelona se dirimirá en los próximos días, lo que venga después es una incógnita mayor a la que se vive desde hace semanas en esa región de la península ibérica. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio plazo hasta mañana lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si declaró o no la independencia el martes pasado ante el Parlament. En caso de respuesta afirmativa, tiene otro plazo, hasta el jueves, para ratificar lo que diga este lunes. 

Se podría bromear con que este jueves Puigdemont debería decir que cuando dijo Sí a la independencia, quiso decir Sí a la independencia. Pero la situación es lo suficientemente dramática como para evitarse el chascarrillo.

Es que Rajoy amenaza con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, votada en 1978 por las fuerzas políticas predominantes en ese momento para la creación de una monarquía democrática luego de 36 años de dictadura franquista. Esta medida del gobierno central implicaría la pérdida de autonomía de Cataluña, una intervención del Estado nacional en todas las instituciones catalanas y con suerte el llamado a elecciones, aunque no se sabe si con la libertad de que cualquier ciudadano pueda ser elegido. Pero además, se cierne sobre las autoridades locales, votadas en elecciones libres y democráticas en 2015, la amenaza de que queden detenidas por sedición. La misma suerte podrían correr los dirigentes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las dos entidades que fogonearon y organizaron las movilizaciones populares y el paro nacional del martes 3 de octubre. A estas detenciones casi seguras se sumaría la del jefe de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, el comisario Josep Lluis Trapero, por desobedecer las órdenes de reprimir la consulta del domingo 1 de octubre.

El momento no es fácil porque Rajoy y el rey Felipe VI ya dijeron que no quieren ni escuchar la palabra independencia y para ellos cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno catalán debería ser desde una renuncia a ese reclamo. Para la alianza que mantiene la lucha independentista, en cambio, si Puigdemont demoró una declaración formal fue para darse tiempo, porque quería abrir una instancia de negociación incluso internacional. Su discurso debería ser entendido como que tras el referéndum, «nos ganamos el derecho a ser oídos». 

Pero desde Bruselas la respuesta no fue en el camino que esperaba el independentismo. «Si Cataluña se independiza, otros también querrán hacer lo mismo y eso no me gusta», dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en un discurso en la Universidad de Luxemburgo. Para especificar mejor las razones, agregó: «Dentro de diez o 20 años el bloque comunitario se podría transformar en una Unión Europea de 98 países. Ya resulta complicado con 27, con 98 creo que será imposible».

Esto, sumado a la fuga de gran parte de las empresas más importantes hacia otros destinos locales –facilitada por un DNU de Rajoy que les permite tomar decisiones sin consultar a los accionistas– y la posibilidad cierta de que una Cataluña independiente no pueda usar al euro como moneda, amenazan a Puigdemont por derecha. 

Por izquierda, el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), una agrupación marxista revolucionaria que resulta clave para sostener en el parlamento al gobierno Puigdemont, y ANC azuzan para que doble la apuesta y llegue al fondo de este proceso declarando en forma unilateral la independencia catalana. Sin importar las consecuencias.

En tal sentido Núria Gibert, portavoz del secretariado nacional de la CUP, destacó ayer que «no hay diálogo posible, no hay mediación posible». La CUP tiene diez diputados en el parlamento regional, indispensables para lograr una mayoría absoluta hacia la independencia.

Este sábado, el mandatario catalán mantuvo reuniones en el palacio de gobierno con los colaboradores más cercanos de su Gabinete y con miembros de la coalición Junts pel Si para analizar los pasos a seguir. La alianza que llevó al poder a Puigdemont tiene un marcado perfil independentista desde su nombre, y está integrada por el partido que este experiodista formó tras la caída en desgracia de Convergencia de Artur Mas, y se llama Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT; Demócratas de Cataluña; Moviment d’Esquerres y la tradicional Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Este último aporta al vicepresidente, Oriol Junqueras, otro decidido independentista que está dentro del bando de los que apuran la declaración contra viento y marea. 

En Cataluña también juegan otras fuerzas populares que aspiran a la independencia ya, como los alrededor de 600 Comités de Defensa de la República, que organizaron la resistencia a la represión del referéndum y el paro general, y ayer también se reunieron para efectivizar una coordinación general a lo largo del territorio. Agrupan a más de 100 mil activistas.

Para Rajoy «juegan» el Partido Popular, del que forma parte, la nueva agrupación Ciudadanos, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue el partido de la alternancia prevista en los Pacto de la Moncloa que se plasmaron en la Constitución del ’78 y que ahora quedó envuelto en esta disputa con muy poca capacidad de reflejos. Su propuesta fue una reforma constitucional que avance hacia mayores libertades autonómicas. Rajoy le dijo que sí y que van a hacer una comisión para estudiarla. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, intenta generar consenso en torno de que desde Madrid se asuma que España es un Estado plurinacional y que se desescale una avanzada que, entiende, podría terminar de quebrar definitivamente al país. 

En las calles de todo el país, mientras tanto, grupos fascistas sacaron a relucir los viejos cánticos y las banderas de la época franquista, encolumnados detrás de una consigna nacionalista que en otros países europeos prende alrededor del odio contra los inmigrantes y que en la península se da contra los catalanes. Lo que despierta fuerzas iguales y contrarias en esa rica región del sureste español. «

Informes de Diego Arcos, desde Barcelona