El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a doblar la apuesta en su estrategia para contrarrestar la arremetida opositora en su país, que busca forzar una convocatoria a elecciones tras el desconocimiento de su mandato y la autoproclamación de un presidente transitorio. El líder chavista anunció ayer que iniciará una consulta nacional para que el pueblo opine sobre la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias. «Unas elecciones democráticas, libres y consensuadas en una mesa de diálogo con la oposición», dijo en su primera aparición en la Avenida Bolívar, tras el atentado con drones que sufrió el pasado 4 de agosto. Ante una multitud oficialista que se manifestaba en conmemoración de los 20 años de la Revolución Bolivariana y en paralelo con las marchas opositoras (ver aparte) convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por un sector como «presidente interino», Juan Guaidó, Maduro dijo que recibió la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y que él mismo estaba «de acuerdo». Y a manera de plebiscito popular preguntó a los presentes si acordaban también con esa opción. Tras la atronadora respuesta positiva, dijo Maduro: «Si ustedes quieren, nosotros queremos».

La Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral, fue renovada en 2015 y los diputados actuales tienen mandato hasta 2020. Hoy constituye el único poder institucional dominado por la oposición y el centro político desde donde se estructuran las acciones tendientes a sacar a Maduro de la presidencia. En esa línea, la AN busca la sanción final de una ley de amnistía (ya la aprobó en primera lectura) dirigida a «todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1º de enero de 1999». El proyecto va más allá y se extiende a hechos futuros. «Se concederán todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colaboren en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, conculcado por el régimen de facto encabezado por quien hoy se encuentra usurpando la Presidencia de la República», dice el artículo 3, en un claro llamado a que los militares se subleven contra el presidente.

Este pedido viene siendo reiterado, tanto por Guaidó y sus seguidores, como incluso por gobiernos abiertamente enfrentados al venezolano, principalmente el de los Estados Unidos, cuyo asesor presidencial en seguridad, John Bolton «invitó» a Maduro a abandonar la presidencia si no quiere «terminar preso en Guantánamo». Bolton aconsejó a Maduro acogerse a la «amnistía» ofrecida por la AN, confundiendo el texto elaborado por la oposición, que no establece perdón alguno para el presidente en el supuesto de ser derrocado.

Según fuentes cercanas al Palacio de Miraflores, el sacudón inicial generado por la autoproclamación de Guaidó y los reconocimientos que tuvo de varias naciones e instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo y los países aunados en el Grupo de Lima, empezó a «diluirse», y en los ojos del chavismo, la falta de definición en el corto plazo de lo que se considera un proyecto de golpe de Estado, empieza a debilitar la estrategia opositora. Uno de los ejes en los que se basa el chavismo para esta afirmación es la proclamada «lealtad» de las fuerzas armadas. Toda esta semana el presidente se mostró en actos con diversos regimientos que juramentaron ser fieles a su comandante en jefe. En el acto de ayer, Maduro también convocó a la realización de numerosos ejercicios «cívico-militares» en los próximos días. La acción, según fuentes consultadas por este diario, tiene el doble propósito de mantener vivo el compromiso de lealtad y hacer una demostración de fuerzas para “que se vea que hay un pueblo en unión con sus fuerzas armadas dispuesto a defender la patria ante cualquier intento de intervención militar foránea», algo que el propio Guaidó no descarta entre sus opciones.

Esta semana también se puede jugar una carta con un valor simbólico favorable al chavismo. El jueves se desarrollaría en Montevideo una conferencia convocada por los gobiernos de Tabaré Vázquez, de Uruguay, y Andrés Manuel López Obrador, de México, de «países neutrales», que por diversas razones se negaron a retirar su reconocimiento a Maduro como primer mandatario. El propósito es «sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país», según comunicaron las cancillerías de ambos países. Si bien no estaba confirmada su realización, dentro del chavismo afirman tener gran expectativa por los resultados de ese encuentro del que participarían más de diez países y organizaciones políticas y que podría ser la antesala al llamado a una mesa de diálogo de parte de los dos países organizadores, aunque la oposición ya adelantó que no participará si no se plantea el llamado a elecciones presidenciales como condición irrevocable.