«Vivos los llevaron. Vivos los queremos». La frase está tatuada sobre la fachada del Museo de la Memoria. Se puede apreciar en el mediodía lluvioso de marzo, en el corazón de Ayacucho, ciudad del centro-sur peruano, colgada de los Andes, a 2761 metros sobre el nivel del mar.
El mural muestra a un grupo de mujeres de pollera marchando con sus carteles memoriosos. Piden justicia por sus familiares, víctimas del terrorismo de Estado y de las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante los años ochenta y noventa. En el mural también puede leerse otra máxima: «Para que no se repita».
Según el Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2003, las dos décadas de violencia dejaron un saldo 69.280 muertos y desaparecidos en el país andino-amazónico. Ayacucho fue el departamento más castigado, con 20 mil víctimas. En Huamanga –como también se conoce a la provincia– el profesor de Filosofía, Abimael Guzmán fundó Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas enviadas por los presidentes Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), Alan García (1985-1990) y el dictador Alberto Fujimori (1990-2000) ejercieron el terror contrainsurgente. Dos tercios de las víctimas eran de origen indígena, campesino y quechua hablantes. En quechua, Ayacucho significa el rincón de los muertos. También, el lugar donde moran las almas.
Coraje y polleras campana
«Llevamos décadas buscando verdad, justicia, reparación digna, memoria para nuestros familiares. Esa es nuestra lucha», dice con voz firme pero serena Lidia Flores en el salón principal del museo, sede histórica de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). La estoica señora de acampanada pollera, manto de alpaca y tradicional sombrero huamanguino es la presidenta de la Anfasep. La acompañan la vicepresidenta Adelina García Mendoza y la primera vocal, Eudosia Conde Huamani. Son las Mamás de Ayacucho, corajudas mujeres que ponen el cuerpo en la organización de Derechos Humanos parida durante los años del sangriento conflicto interno.
Las Mamás cuentan que andan atareadas: preparan actividades para el próximo septiembre, cuando conmemoren sus cuatro décadas de lucha. Sueñan con sumar a las Madres de Plaza de Mayo al encuentro. Adelina suspira, mira un instante fotos de viejas marchas que cuelgan en el museo, viaja al pasado: «Nuestra historia empieza con la violencia de los dos lados, militares y Sendero. Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. Mamá Angélica fue la fundadora, le llevaron a su hijo de 19 años en julio de 1983 y empezó a caminar en búsqueda de justicia. Sendero asesinó a las autoridades de mi pueblo. Luego llegaron los militares, creíamos que íbamos a estar mejor, pero no fue así. Comenzaron a matar y a desaparecer. A mi esposo Zósimo Tenorio Prado lo sacaron de nuestra casa el 1 de diciembre de 1983. Así me sumé a Mamá Angélica y comencé esta lucha».
Los militares también secuestraron al marido de la señora Flores: «Entonces nos desplazamos de las comunidades para pedir justicia. Las autoridades nos llamaban ‘terrucos’, terroristas. No nos daban importancia cuando íbamos a Lima, pero nosotras marchábamos. Ni local teníamos».
Eran decenas de mujeres peregrinando por las fiscalías. Preguntaban por el paradero de sus hijos, nietos y esposos secuestrados por los Sinchis, los escuadrones de la muerte. El Estado las apaleaba, la jerarquía de la Iglesia las ignoraba, la sociedad peruana miraba para otro lado. Hablaban de «guerra entre indios».
¿Hasta cuándo tu silencio?
«Hasta cuándo, hijo perdido, hasta cuándo tu silencio…», ese era el canto que entonaban las Mamás cuando peregrinaban por las empinadas calles de Ayacucho. En la génesis, Leonor Zamora, alcaldesa de Huamanga, les brindó un espacio en el municipio para que realizaran sus primeras reuniones. Zamora fue asesinada por el Servicio de Inteligencia fujimorista en 1991. Los abogados Zósimo Roca y Emilio Laynes impulsaron a las mujeres para que conformaran la asociación a mediados de los ’80. Fueron perseguidos de por vida. El sindicato de maestros huamanguinos les cedió un local en 1984. El líder del gremio docente Alcides Palomino fue asesinado por militares en 1989. En la Casa del Maestro funcionó el primer comedor para miles de hijos de desaparecidos y asesinados desplazados por la violencia.
Eudosia hace memoria: «Puras mujeres salíamos, a los hombres se llevaban, a los jóvenes. Nosotras entonces nos organizamos». Para mediados de los ’80, las fosas comunes, los campos de concentración y las violaciones de los Derechos Humanos comenzaron a cobrar estado público.
En 1985, las Mamás recibieron la visita de Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz las acompañó en su primera marcha masiva y entregó un informe crítico al presidente García. El papa Juan Pablo II también estuvo en Ayacucho ese año. Las Mamás lo esperaron en el aeropuerto con una cruz de madera que llevaba escrita dos palabras: «No matar». No fueron recibidas por el Papa polaco.
En los tiempos del fujimorismo, Anfasep compró con donaciones un espacio propio, mudó el comedor –bautizado Adolfo Pérez Esquivel– y recibió mil y un golpes. Fujimori acusó a Mamá Angélica de ser «embajadora del terrorismo», luego de un viaje a Francia para un encuentro organizado por la ONU. Tuvo que pasar dos años en la clandestinidad, hasta que el Poder Judicial se dignó a desestimar la acusación del tirano neoliberal.
En los años que siguieron a la caída del dictador, surgió la Juventud de Anfasep y la organización colaboró activamente con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En 2005 inauguraron el Museo de la Memoria y su trabajo llega hasta el presente.
Lidia habla pausado, piensa cada palabra para relatar su caminata hasta este mediodía, reflexiona: «Hace 40 años llevamos esta carga. Mamá Angélica y muchas compañeras murieron sin saber del destino final de sus hijos y maridos. Seguimos caminando. Por eso el museo, los sitios de la memoria, nuestro trabajo. Para que la historia no se repita y el Estado cumpla con su obligación de justicia y asistencia a los familiares».
Para las Mamás, la historia se repite como tragedia en el presente del Perú. En diciembre, la represión en Humanga se cobró diez vidas, 72 heridos y decenas de encarcelados. La cúpula del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), organización campesina y vecinal, fue acusada de terrorismo: siete miembros fueron trasladados entre gallos y madrugadas a Lima, donde siguen presos. Doña Flores es clara: «Nos hace acordar al pasado. El gobierno mata, viola los Derechos Humanos, acusa de terrucos a los que protestan. Son asesinos, ¿cómo puede ser que maten a nuestros paisanos?».
Nunca más
Roberto Sulka Rafael es un joven antropólogo, miembro activo de la Juventud de Anfasep. Los militares secuestraron a su papá, Alipio Sulka Condori, el 28 de febrero de 1985, en la localidad de Allpachaca. Roberto todavía estaba en la barriga de su mamá Narcisa: «Era campesino y dirigente comunal. Lo llevaron a la base de Sachabamba, que era un campo de concentración. Nunca más supimos de él».
Roberto oficia de guía por el museo que narra la historia de la «violencia socio-política» en el Perú. La historia de un país, de miles de familias. Un bellísimo retablo ayacuchano pone en escena el devenir del conflicto y la lucha de las Mamás. Una celda y una fosa común recuerdan los horrores que sufrieron las víctimas. En un recodo, hay zapatos, chompas, pantalones y decenas de prendas de los desaparecidos. Muy cerca, la cruz que nunca recibió Juan Pablo II y pilas de platos de plástico, cucharas y ollas que alimentaron a los niños en el comedor Pérez Esquivel. Roberto creció en ese comedor: «Era todo un peso ser hijo de desaparecido. No podíamos contar nuestra historia en la escuela, porque nos discriminaban, nos señalaban, nos decían terrucos. Hasta el día de hoy, los fujimoristas nos siguen diciendo terroristas».
Las fotos de las madres cuelgan en el salón postrero del museo. Roberta las admira un buen rato: «Actualmente son 120. Muchas murieron sin saber el destino de sus familiares. Hay una gran deuda en este país. La Comisión de la Verdad entregó un informe de ocho tomos con las víctimas, pero dejó un noveno dando indicaciones al Estado peruano, para que cumpla con los familiares. Educación, salud, vivienda… No cumplió ningún gobierno. Por eso las Mamás siguen pidiendo justicia». «
