El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de Colombia, reveló que, entre 2020 y la actualidad, fueron asesinadas en el país un total de 830 personas en 217 masacres. Efectivamente, en 2020 se documentaron 381 víctimas mortales producto de la violencia letal que dejaron las 91 masacres de ese año. En el caso de 2021, se reportó la ejecución de 335 personas en 95 hechos de este tipo, y en lo que va de 2022 se reportan 31 masacres con 114 víctimas.

Estos registros que contemplan lo sucedido entre 381 días revelan que al menos una víctima por día se produce de promedio por los hechos de violencia en Colombia, lo que establece una tasa tan alta como preocupante, porque se mantiene y se profundiza en esta década una tendencia que viene de años anteriores.

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El registro en tiempo real de masacres perpetradas en lo que va de este año, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, detalla que el mayor número de estos crímenes se han cometido en los departamentos de Antioquia (cinco sucesos y 16 víctimas) y Putumayo (también con cinco y 31 víctimas). Le siguen Norte de Santander (cuatro y 13, respectivamente), Cauca (cuatro y 14) y Valle del Cauca (tres y diez).

Estos datos, fundamentalmente se refieren a los asesinatos de líderes sociales y exfirmantes de paz, lo que hace que la situación se refleje como aún más preocupante. Trasciende a escasas horas de que el presidente colombiano Iván Duque se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dijera que “Colombia es un país que abraza los principios sustanciales de la paz”. También se hace público luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Gobierno de Duque a investigar el asesinato de 11 civiles por el Ejército Nacional, ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, municipio Puerto Leguízamo, Putumayo. Horas atrás, el representante del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Observación, Carlos Ruiz Massieu, pidió a las autoridades investigar lo que ocurrió en ese operativo militar.

Según expertos y organizaciones de derechos humanos, la incursión revive el fenómeno de los “falsos positivos”, pues la fuerza pública presentó a esos civiles como integrantes de grupos armados ilegales y se trataba de campesinos, como han subrayado las comunidades.