Más de 93 millones de mexicanas y mexicanos están habilitados para votar este domingo en lo que será la primera consulta para revocar el mandato presidencial en el país. La iniciativa fue promovida por el propio mandatario y la ciudadanía deberá responder a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”.

Este instrumento está previsto como marco general en la Constitución del país y luego en la Ley Federal de Revocación de Mandato de setiembre de 2021. La revocación solo se puede solicitar una vez por periodo de gobierno y, para que el resultado sea vinculante, deberá contar con una participación mínima del 40% de los inscritos en el padrón electoral. La revocación procederá si más del 50% de quienes votan opta por remover al mandatario.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Para llegar a esta instancia, primero se debió recoger la firma de al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, esto es 2.758.226 electores. En diciembre, los promotores de la medida, la organización Que Siga la Democracia, presentaron más de 10 millones de firmas para habilitar la consulta.

Si se aprueba el revocatorio, ¿qué sigue?

En su artículo 60, la Ley de Revocación de Mandato establece que, si los resultados de la jornada indican que procede la revocación, el titular de la Presidencia de la República se verá separado definitivamente del cargo cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación.

Luego el Congreso nombra al presidente interino o sustituto que “deberá concluir el período respectivo”, en un término no mayor a 60 días, y que mientras esto ocurra el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas marcan que es difícil que se llegue al 40% requerido para que la propuesta sea vinculante. Una encuesta realizada por el medio El Financiero estima que como máximo un 25% de los habilitados para votar estaba dispuesto a ir a las urnas el domingo 10. Además, el mandatario tiene altos niveles de aprobación de la ciudadanía. A fines de marzo, la encuestadora Poligrama informó que un 66,72% de la población aprueba la gestión de López Obrador.

El 18 de marzo, el diario El País de Madrid publicó una encuesta de Simo Consulting en la que un 59% de la población aprueba la gestión del presidente. Al ser consultados sobre si habría que revocar el mandato, el 74% opinó que López Obrador debe seguir hasta 2024.

El mandatario aseguró esta semana que irá a votar el domingo. Aclaró que en la papeleta pondrá “Viva Zapata”, ya que ese día es un nuevo aniversario del asesinato del caudillo Emiliano Zapata. De esta manera, su voto sería anulado, según la norma.

¿Qué países de la región tienen sistemas similares?

En América Latina, al menos tres países contemplan la revocación de mandato. Venezuela y Bolivia la implementaron en 2004 y en 2008 respectivamente, pero en ninguno de los casos los mandatarios resultaron destituidos.

El artículo 27 de la Constitución venezolana establece que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. En 2004, el expresidente Hugo Chávez se sometió a un referéndum que tuvo una participación del casi el 70% y venció la opción para que se quedara.

La Carta Magna de Venezuela establece que “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

En Bolivia, en 2008, Evo Morales fue a un revocatorio de su mandato y la población lo respaldó con un 67,4%.

En Ecuador, a pesar de que la ciudadanía tiene la potestad de solicitarla luego del primer año de gobierno y antes del último, nunca se ha llevado a cabo. Para pedir el referéndum de revocación, deben contar con las firmas de al menos el 15% de las personas inscritas en el registro electoral.