Diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador por el espacio hoy llamado Revolución Ciudadana, dirigente correísta de la primera hora y estrecha colaboradora del expresidente Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira suma una larga y activa trayectoria en la política y la gestión a pesar de sus jóvenes 35. Estuvo en la Argentina para recibir la condecoración Juana Azurduy del Senado de la Nación y hacer una recorrida vinculada con DD HH. Visitó a Milagro Sala en Jujuy y se reunió con Abuelas y Madres, con un mensaje de integración y denuncia a las persecuciones políticas en la región, entre ellas contra el propio Correa. Justo en esos días, Lenín Moreno le retiró la ciudadanía a Julian Assange y se produjo su dramática detención en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba asilado desde 2012 por decisión del entonces presidente.

«Lo que ha hecho el gobierno es violentar los Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales. Ha sido vergonzoso ver cómo por cumplir un acuerdo con los Estados Unidos y el FMI fue capaz de permitir que entre a la Embajada, territorio ecuatoriano, policía extranjera y arrastre a un ciudadano ecuatoriano», señala Rivadeneira en entrevista con Tiempo. «Ahora nos corresponde a todos nosotros apoyar la defensa de Assange en organismos internacionales».

–¿Existe algún mecanismo jurídico o legal para intentar revertir esta situación desde la oposición?

–Es un tema político y Moreno está actuando con decisiones políticas que se congracian con quien ahora necesita que es EE UU y el FMI. En la visita del vicepresidente Mike Pence al Ecuador no sólo se tocó el tema de la amenaza para desconocer a Venezuela, sino además el tema puntual de Julian Assange. No tendremos mucho más que manifestaciones políticas que puedan levantar una resistencia a este tipo de acciones del gobierno de Moreno.

–¿Qué creen que va a pasar con él?

–El hecho está dado y eso es lo doloroso. Ahora estamos a la expectativa también de lo que pueda manifestar la defensa jurídica de Assange. En el Ecuador, nuestro compañero Ricardo Patiño ha convocado al equipo político de la Revolución para hacer un análisis del tema. Todo esto va más allá del problema Assange, es un tema que puede dejar un precedente nefasto en tema de protección de Derechos Humanos a nivel mundial.

–¿Qué análisis hacen de las últimas elecciones regionales donde a pesar de no haber podido presentar partido propio obtuvieron buenos resultados en algunos distritos?

–Hemos sido cuatro veces negados de reconocernos como fuerza propia con maniobras que demuestran que no nos quieren dejar participar. Sin embargo pocos días antes del cierre del proceso de inscripción vino un partido nacional, Compromiso Social, y se ofreció a cobijar a los cuadros del correísmo. Inscribimos apenas en el 25% del territorio ecuatoriano, sin embargo logramos ganar dos de las tres prefecturas (gobiernos) con mayor peso electoral. Han jugado a desprestigiar al proceso de la Revolución y a Rafael Correa, y lo que hoy hemos demostrado es un brote del correísmo que nos pone en primera plana de la política nacional y casi listos para la disputa presidencial de 2021, que podría ser antes por la inestabilidad política y económica que se está generando.

–Según las últimas reformas, Correa no podría ser candidato, ¿hay algún plan al respecto siendo que en las encuestas tiene una alta medición?

–Vemos en el contexto regional cómo los cuadros políticos fuertes siguen manteniendo esa capitalización de los votos en las personas de Lula, de Cristina, Evo, Correa. Se nos plantea un reto fundamental. La campaña que pasamos fue la primera sin Correa físicamente presente, de manera que nos permitió idear una estrategia diferente. Pero el ejemplo Lula y Hadad en Brasil nos da una perspectiva de que no necesariamente hay un endoso de votos hacia otros perfiles. Ahora, en Ecuador Correa no puede presentarse como candidato presidencial pero sí como vicepresidente o encabezar la lista parlamentaria. También después de la última elección apostamos a una Asamblea Constituyente que permita una reconstitución del Estado de Derecho en Ecuador que ha sido absolutamente roto durante los últimos dos años. «