Dos gobiernos sudamericanos que por su posición ideológica deberían marchar juntos en el camino de la integración regional, se encuentran enfrentados por las consecuencias de una guerra que solo benefició a las empresas explotadoras de guano, salitre y metales a fines del siglo XIX. Y en estos días, cuando se cumplen 138 años de las primeras refriegas de aquella contienda, la detención de dos militares y siete civiles bolivianos acusados de haber cruzado 400 metros la frontera son el emblema de una escalada de imprevisibles consecuencias entre Chile y Bolivia. 

Para el gobierno de Evo Morales, fueron carabineros chilenos los que pasaron el límite estatal, y dicen que se instauró una operación en venganza por el planteo que La Paz hizo en la corte de La Haya en reclamo de una salida al mar. «Sobre todo, porque ese reclamo está prosperando y hay muchas posibilidades de obtener resultados favorables», dicen en fuentes diplomáticas bolivianas. 

El disparador de esta explosiva situación se produjo el lunes pasado, cuando desde Santiago se informó sobre la captura de nueve personas que según la presidenta Michelle Bachelet, «estaban en territorio chileno cometiendo delitos; querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno». 

De inmediato, desde el Palacio Quemado replicaron que en realidad carabineros chilenos habían ingresado a territorio boliviano para apresar a dos uniformados y siete civiles que estaban haciendo un operativo para desbaratar una maniobra de contrabando con camiones que pretendían ingresar en el país del Altiplano. Para más datos, aseguran contar con los registros de los equipos de GPS de los militares donde se demostraría que el incidente se produjo en jurisdicción boliviana. 

El hecho resulta llamativo, al conmemorarse el jueves pasado el Día del Mar, en recuerdo del 23 de marzo de 1879, cuando se desataron los primeros escarceos de la guerra de los tres nombres (del Pacífico, del Guano o del Salitre), que hasta 1883 enfrentó a tropas chilenas, peruanas y bolivianas y que culminó con la derrota de Bolivia, lo que implicó la pérdida de 120 mil kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa. 

Lo que ahora reclama el gobierno de Morales no es la restitución del territorio, ya que los chilenos se aferran a un tratado conseguido tras la rendición, en 1904, y que involucra también a Perú, sino «un acceso soberano al mar a través de una negociación diplomática y así garantizar una sana convivencia pacífica de los pueblos y la integración de nuestra región»; según los documentos presentados en La Haya. 

Lo curioso es que este enfrentamiento se agudiza con un gobierno como el de Bachelet, del Partido Socialista chileno, y otro como el de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS). Más aun si se recuerda que el tema de la salida al mar estuvo a punto de ser resuelto entre dos dictaduras criminales como la de Augusto Pinochet y Hugo Banzer, en 1979. 

Para mostrar las razones para el reclamo–además de su contenido simbólico, que los bolivianos comparan con lo que Malvinas representa para los argentinos- Bolivia aportó cifras frías: carecer de una ruta para la exportación a través del mar representa pagar un 31% más en fletes que el resto de los países de la región, un 55,7% más que las exportaciones chilenas, y un 60% más que las peruanas. Por otro lado, sostienen que desde el fin de aquella guerra nefasta para el continente, Chile recibió más de 900 mil millones de dólares por la exportación de cobre extraído de territorio que era de Bolivia. «