El sospechoso escape de casi un centenar de presos y un nuevo crimen de un periodista renuevan la trama de complicidades que involucra a varias instituciones del Estado.
La fuga fue denunciada por el Ministerio del Interior el 19 de enero, y los que abandonaron tranquilamente la cárcel podrían ser entre 75 y 90 o 92 reos. Hasta ayer, 35 días después, las autoridades no se habían puesto de acuerdo en cuántos fueron, si eran todos del PCC y quiénes fueron –la policía o los militares, o ambos– los que facilitaron la salida de los presos por la puerta principal, sin disparar un tiro ni lastimar a nadie. En lo único que estuvieron de acuerdo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y su par de Interior, Euclides Acevedo, es en que los presos no se evadieron todos juntos, sino por cuentagotas, desde varios días antes a ese domingo 19.
Más allá de que prueba hasta qué grado llegó la connivencia de los narcos con el Estado en todos sus estamentos, el detalle muestra que la corrupción alcanza a las autoridades de Brasil y, en particular, al ministro de Justicia, Sergio Moro –al que con toda generosidad la Wikipedia define como «escritor, académico y catedrático»–, oscuro juez de Curitiba (Paraná) que en plena campaña electoral condenó «por íntima convicción» al expresidente Lula, eliminándolo del escenario democrático. Pedro Juan Caballero está separada por una avenida, sin retenes ni medidas de seguridad, de Ponta Porá, capital del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Es hacia allí donde se fugaron los evadidos. Dos días después de denunciada la fuga, Moro dijo que «Brasil está para asistir en todo a nuestros amigos», agregó que ordenó el «envío de 200 efectivos para reforzar la custodia de la frontera» (1365 km) y aseguró que «de ser apresados en nuestro territorio serán de inmediato devueltos a Paraguay». Olvidó que por todos ellos Brasil tiene un pedido de extradición, trámite que se obviaría de ser detenidos en alguno de los estados sureños.
Los ministros Pérez y Acevedo también coincidieron en que la corrupción es clave en el escenario. «Los jefes del penal son cómplices, los dejaron escapar, es un fenómeno común a todas las cárceles del país», dijo Acevedo, como si él no tuviese nada que ver. «Los sobornaron con 80 mil dólares, ya lo habíamos denunciado en diciembre pasado, pero nuestra denuncia no fue considerada», redondeó Pérez. El senador liberal Roberto Acevedo –cuestionado desde los más diversos ámbitos– había denunciado que «hay entre cinco y seis senadores y un alto número de diputados que reciben sueldo del narco (…), hay jueces, policías, militares e intendentes también». El exministro de Educación, excanciller y expresidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, fue fulminante: «Los narcos permearon la Justicia, el 25% de los jueces tiene algún nexo con ellos».
En declaraciones realizadas en Montevideo el 3 de febrero, el secretario de la Coordinadora de DD HH, Óscar Ayala, y el investigador del fenómeno narco Juan Martens aseguraron que las organizaciones criminales «cooptaron al Estado paraguayo, al tiempo que militares, policías, políticos, fiscales y jueces han sido comprados por el narcotráfico». Lo ejemplificaron con dos casos emblemáticos: el diputado Ulises Quintana está procesado por vínculos con el tráfico de drogas, y la exdiputada Cinthia Tarragó fue detenida en EE UU por integrar un esquema internacional de lavado de dinero. «¿La fuga? El Estado no es un obstáculo para los negocios del PCC», cerró Ayala. «
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