El 28 de julio Pedro Castillo asumirá el mando. Tal vez, ganar, o mejor dicho que se reconozca la victoria tras denuncias infundadas de fraude y un recuento eterno no haya sido lo más difícil. El principal problema que deberá afrontar será la relación con el Congreso. Perú cuenta con un sistema de partidos desguazado y las elecciones generales de abril han dividido en 10 partidos las 130 bancas que componen el Legislativo unicameral. En un contexto de alta fragmentación, para lograr consensos, Castillo estará obligado a negociar acuerdos. Si bien es una situación compleja, el fujimorismo no tiene la mayoría como para jugar al gato y al ratón como hizo con sus antecesores, pero sin dudas hará valer sus congresistas y aliados naturales (Avanza País y Renovación Popular) o coyunturales (APP) para complicar la gobernabilidad.

No solo es el nuevo Congreso, también el campo minado que deja el actual, el cual creó una legislatura exprés para tratar reformas constitucionales. Las medidas apuntan a los mecanismos para el retorno a la bicameralidad (rechazado en referéndum) y mediar las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. Las mismas que hicieron posible que el último periodo se hayan sucedido 4 presidentes y 2 Congresos. Para tener una idea de la magnitud en 28 años se aprobaron 24 reformas constitucionales pero este Congreso pretende realizar la mitad en una semana. Hasta el momento debilitaron el principal recurso del Ejecutivo frente a un Congreso hostil: la cuestión de confianza. El quid de la cuestión es que el recurso no podrá usarse cuando ingresa un nuevo gabinete al Ejecutivo -tal como se estila actualmente- y que el Consejo de Ministros no podrá plantear la cuestión de confianza sobre competencias exclusivas del Legislativo. La medida obtuvo 81 votos, es decir que no alcanzó su aprobación total pero puede seguir su curso vía referéndum. Esto podría funcionar como impedimento para ejercer presión en post de una de las principales propuestas de Castillo: sancionar una nueva Constitución.

En tercer lugar, con el pedido de prisión preventiva y la tercera derrota electoral de su lideresa, el fujimorismo deberá resolver su sucesión. Para ello puede recurrir a la famiglia (su hermano Kenji), a cuadros del albertismo o el keikismo. La disputa entre ellos usará al Ejecutivo como antagonista para demostraciones de fuerza. A pesar de las declaraciones de la virtual vicepresidenta, Dina Boluarte, “perder con dignidad y humildad” no parece una opción.

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No menos importantes son los poderes fácticos, la única preocupación que realizaron los observadores internacionales fue el trato desigual de los medios de comunicación en contra del virtual presidente. Por su parte, los mercados amenazaron con la caída de la moneda. Si bien Castillo no es un líder antisistema y viene de la rama sindical, su principal alianza es con productores y empresarios regionales, de modo que tendrá que defender sus intereses frente a la CONFIEP, principal cámara empresarial del país. En este aspecto también la renegociación del canon minero y la zonificación de la actividad, será un desafío para un Estado acostumbrado al laissez faire.

En el frente interno, deberá conducir la pluralidad de su propio electorado y sus alianzas partidarias, sabiendo que no hay forma de conformar a todos a la vez. Además de ello deberá enfrentar la pandemia en un país con un déficit en materia sanitaria, luego de atravesar una crisis de representación y prácticamente una de régimen que lo catapultó al poder con la promesa de poner fin al rostro más cruel del neoliberalismo: una informalidad de más del 70% y una mercantilización morbosa de la salud en plena pandemia. Castillo deberá asumir desafíos que desbordarían al político más profesionalizado, siendo un liderazgo en construcción, sin experiencia en gestión y estigmatizado por la elite limeña por su origen popular y campesino. El resultado, tan incierto como épico.