El exmandatario peruano reiteró que no cometió ningún delito de rebelión y culpó a la actual mandataria, Dina Boluarte, por las cerca de 30 víctimas de la represión por las protestas desde el 7 de diciembre.
Castillo habló en la audiencia en la que se analizó el recurso en favor de su libertad, a semanas de la prisión preventiva por 18 meses que le impuso el magistrado Juan Carlos Checkley Soria.
Tras una demora por problemas técnicos, en la audiencia -en la que también se analizó el futuro del exjefe de ministros Aníbal Torres-, el abogado de Castillo, Wilfredo Torres, argumentó que no correspondía la prisión preventiva porque no se cumplió el paso previo del antejuicio político.
Por parte del Ministerio Público, la fiscal Silvia Sack Ramos dio cuenta de los elementos de convicción y la gravedad del fallido intento de golpe de Estado que se imputa al exmandatario, pero el juez le reclamó que se enfocara en lo relacionado al peligro procesal y de fuga.
La fiscal advirtió entonces que “no se evidencia un arraigo sólido que permita asegurar la presencia física» de Castillo y reseñó que había «pretendido pedir asilo político a la embajada de México» el mismo día en que fue sacado del cargo.
«El delito de rebelión es un delito de consumación anticipada; no hace falta que los rebeldes consigan su fin, solo se requiere el mero alzamiento en armas», sustentó la fiscal Sack Ramos.
El propio Castillo pidió la palabra antes del final de la jornada y lamentó que su prisión haya “polarizado a la ciudadanía”.
«Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por mi abogado defensor, yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas ni he llamado a levantar en armas; quien sí se ha levantado en armas es el Gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, advirtió el exmandatario.
Insistió en que no fue él quien conspiró, sino “el actual Congreso de la República y otras instituciones para armar un plan para la caída” de su Ejecutivo.
“Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política», manifestó.
Varios de sus argumentos los subió luego a su cuenta de la red Twitter, en la que fue más punzante con el Ejecutivo de Boluarte: “Este Gobierno tiránico ha acabado con la vida de mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares, además de dejar como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”.
“Yo no he cometido delito de conspiración; quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno”, amplió.
Castillo está detenido desde el 7 de este mes, tras anunciar en un discurso el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de emergencia que se manejaría con decretos y que suspendería garantías constitucionales.
Apenas un rato después, el Legislativo lo sacó del cargo y asumió su entonces vice, Boluarte.
En la audiencia -que se desarrolló en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-, Castillo pidió además un teléfono móvil para poder comunicarse con su familia.
El abogado de Torres, en tanto, remarcó que el arraigo del extitular del gabinete está “demostrado” y hasta mostró una foto del exfuncionario frente a su casa.
Duberlí Rodríguez explicó además que su defendido viene trabajando como abogado y dicta cursos de grados.
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