La controvertida reforma previsional que el presidente Emmanuel Macron viene pretendiendo dictar en la Asamblea francesa desde fines del año pasado, finalmente fue impuesta entre gallos y medianoche a través de una suerte de DNU basado en el artículo 49-3 de la constitución gala, aprovechando que la sociedad y los gremios están con la guardia baja por la epidemia de coronavirus. Así y todo, en la semana hubo manifestaciones y se prevé que el plan de lucha que se estableció en diciembre pasado, y que consistió en paros en el transporte público y masivas movilizaciones, proseguiría en estos días.

El ataque contra el sistema de jubilaciones es algo así como la gran batalla en los gobiernos conservadores de todo el mundo y para introducir la modificación, resistida por los trabajadores porque aplana en la práctica los ingresos más altos, Macron apeló a la misma argucia legal que se había aplicado en 2016 para imponer la reforma laboral. En esa época era primero ministro Manuel Valls y Macron era titular de la cartera de Economía.

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La iniciativa, que había generado en su momento una gran resistencia, ingresó al parlamento el sábado y el oficialismo logró superar las mociones de censura que hubiesen impedido la aprobación.

Para el premier Edouard Philippe la reforma significa una prueba de “justicia social” y afirmó que se hubiesen necesitado “ocho semanas”, incluyendo los sábado y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. “Ustedes han fracturado el país”, resalta en un cable de AFP la diputada socialista Valérie Rabault. A su turno, Jean-Luc Mélenchon, del partido populista Francia Insumisa, aseguró que se iba a descargar una “guerrilla popular y parlamentaria pacífica” para voltear el decreto.

En líneas generales, busca reducir los regímenes especiales de las distintas profesiones. Las primeras alarmas en contra del proyecto partieron de los trabajadores ferroviarios, porque verán recortados beneficios logrados al cabo de añares de luchas gremiales.

El factótum de la reforma había sido Jean-Paul Delevoye, un dirigente conservador de larga data, quien elaboró el proyecto que luego Macron presentó en el congreso en noviembre pasado. Pero la suerte de Delevoye y de la propuesta en general trastabilló luego de que a mediados de diciembre tuvo que renunciar luego de que se revelaran públicamente sus relaciones económicas con las empresas aseguradoras y la estatal ferroviaria, y que cobraba unos 5000 euros al mes de una firma de formación por cursos dados a personal.

Eso contradice la ley de ética publica pero el caso recién salió a la luz cuando una denuncia anónima llegó a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida (HATVP por sus siglas en francés) el ente autárquico de la administración pública francesa para vigilar por al transparencia en los actos de gobierno y de sus integrantes.

El cambio de régimen de jubilaciones habrá de afectar en mayor o menor medida a cada uno de los ciudadanos con trabajo registrado. La normativa contempla unificar 42 diferentes regímenes en un sistema único por puntos que, además, plantea incrementar los años de aportes y la edad de retiro. «