Chile pasó muy velozmente de ser el modelo de estrategia contra la pandemia del coronavirus a convertirse en uno de los peores ejemplos del vecindario. Sin escalas. Aunque los mismos comunicadores que hasta hace poquito ensalzaban las virtudes del modelo “piñerista” ahora pusieron un piadoso manto de olvido para no hablar de una tragedia que, según las cifras disponibles a estas horas, costó la vida de más de 4000 personas y causó el contagio a bastantes más de 230 mil. En términos absolutos, esos números ubican a ese país en el noveno puesto mundial. En valores relativos, con 215 muertos por millón de habitantes, ocupa el lugar 15°. Pero la explosión hace temer que no tardará mucho en superar a Italia y España.

En el país trasandino se pasó de hablar de “inmunidad de rebaño” a plantearse la necesidad de recurrir a una cuarentena reforzada, una hibernación, en el distrito de la capital, Santiago, que como toda concentración urbana tiene la abrumadora mayoría de los casos. También, de una muy laxa política sanitaria para “no causar daños a la economía”, a una ley de estos días que sanciona con penas de hasta tres años de cárcel o un máximo de 12.230 dólares de multa a quienes violen la cuarentena.

Entre tanto, el Banco Central de Chile estimó que el PBI caerá entre el 5,5 y el 7,5%. “La mayor contracción registrada en 35 años”, reconoció el Informe de Política Monetaria de junio de 2020 del BCCh.

El presidente Sebastián Piñera, a todo esto, decretó una extensión de otros 90 días al llamado “estado de catástrofe”, que viene desde el 19 de marzo y que permite establecer toques de queda, restringir la libertad de circulación y reunión, y ordenar el acopio y almacenamiento de reservas de alimentos e insumos. Por si esto no escandalizara a tanto “constitucionalista” vernáculo, el gobierno anunció que analiza aplicar un sistema de seguimiento de celulares a través del GPS para “estudiar y controlar la movilidad de las personas durante la cuarentena para evitar la expansión del virus” por medio de una aplicación del Instituto Data Science de la Universidad de Desarrollo.

La información sobre la vigilancia informática fue brindada en una entrevista con radio Cooperativa por el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris. Extitular del Colegio Médico chileno, Paris reemplazó en su cargo al polémico Jaime Mañalich, quien luego de varios meses de enfrentarse agriamente con sus detractores, renunció el sábado pasado luego de que trascendiera que las verdaderas cifras de contagiados y muertos por el Covid-19 habían sido dibujadas.

La forma de medir las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario sufrió desde marzo varias modificaciones. Primero se contabilizó a los fallecidos como recuperados porque, según Mañalich, “ya no contagian”. Se fue variando la inclusión de asintomáticos, la definición de caso probable, el registro de recuperados, los fallecidos con resultado de análisis PCR en espera.

Esto, que huele demasiado a manipulación, hizo levantar la sospecha de una periodista chilena que está estudiando en Estados Unidos pero no pierde ni la conexión con su país ni el ímpetu investigativo. El 24 de abril pasado, Alejandra Matus publicó un informe en el que contrastó el promedio de fallecidos en los últimos cinco años con el total que daba el Registro Civil en estos meses. La diferencia entre marzo de 2020 y marzo de 2019 era de 932 muertos. “Un 11% más. El mayor salto en una década, solo comparable con el terremoto de 2010”, tuiteó entonces la periodista. Pero además, había 881 casos de personas entre 50 y 99 años, “un comportamiento atípico” que no podía atribuirse al clima.

La primera reacción del ministro Mañalich fue tildar al informe de “viroterrorismo”. Algo que Matus lamenta porque se trató de un estudio que implicó recurrir a fuentes de varias dependencias estatales y contrastar datos de un modo concienzudo. “No era una acusación directa para decir que Chile es el único país con subreporte de personas fallecidas, se trataba de mostrar información que podía ser útil para pensar las políticas tan flexibles que se habían adoptado”, consideró Matus en una charla con Meritxell Freixas para el portal eldesconierto.cl.

El viernes pasado a última hora se conoció un dossier del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que había terminado de derrumbar a Mañalich, ultraprotegido de Piñera y los medios de información afines hasta entonces. Según el CIPER, el Ministerio de Salud reportaba a la OMS más fallecidos de los que se informaba oficialmente. Si a ese momento el número rondaba los 3100, la organización periodística decía que la cifra real superaba los 5000 y los contagiados eran muchos más que los 160 mil anunciados esos días.

El nuevo ministro se comprometió de inmediato a sincerar los datos y trató de explicar que no hubo un giro de 180 grados en la política del gobierno. «Las declaraciones (de su antecesor) no se pueden borrar, pero la estrategia que se implementó no avalaba la inmunidad de rebaño, (…) no fue la que el gobierno siguió y está desmentido por los hechos», insistió.

Ahora, cuando las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas y la explosión de casos no cesa, el diputado Andrés Celis Montt, del partido Renovación Nacional, de Piñera, propuso una idea sugestiva. “En vez de trasladar a pacientes críticos a Concepción, ¿por qué no utilizar los recintos hospitalarios de Argentina de las provincias cercanas? Como ustedes no están saturados, podríamos hacer un convenio de traslado hacia Buenos Aires, Córdoba y Mendoza», invitó. Autoridades mendocinas se apresuraron a rechazar la idea de recibir pacientes enfermos. En su propio partido buscaron aconsejarle el silencio. «

Contenedores, IFE y la memoria de 2019

«Se está gestionando la compra de dos containers congeladores, uno para Antofagasta y el otro para Calama; ya se mandaron las cotizaciones pero el servicio de salud ahora tiene que ver el tema de la compra», confirmó una funcionaria de Salud de la primera de esas localidades. Los contenedores son para paliar la crisis por la cantidad inesperada de fallecidos,  ya que las comunas no dan abasto para superar esa cuestión.  la crisis de la pandemia. Pocas horas después llegó la confirmación de la nueva conducción nacional, que dejó trascender que ese recurso se utilizaría en otras partes del país y que podría llegar a más de una decena los aparatos que finalmente se comprarían y distribuirían definitivamente.

Otra consecuencia del coronavirus fue que el gobierno central giró un proyecto al Congreso que establece un Ingreso Familiar de Emergencia, que no solamente se  denomina del mismo modo que el establecido en la Argentina, sino que está pensado para que actúe del mismo modo sobre el 80 por ciento de la empobrecida sociedad chilena. La ley anterior se aplicaba sobre un porcentaje mucho menor de la población y además, ahora, prácticamente se duplica el monto por persona a unos 100 mil pesos chilenos (alrededor de 123 dólares).

Esta situación transcurre nueve meses después de los estallidos de octubre de 2019. Este jueves, justamente, se recordó el viernes 18 de octubre cuando millones de chilenos, a lo largo de todo el país protestaron en las calles, como corolario de una serie de reclamos populares que estallaron cuando un alza en la tarifa de los transportes en Santiago fue opuesta por centenares de estudiantes organizados que saltaron los controles. Las manifestaciones que luego se reprodujeron tuvieron jornadas de extraordinaria movilización y, más que eso, desde entonces, se modificó el entramado de las organizaciones sociales en todo el país, que la crisis de la pandemia pareció morigerar, aunque durante este tiempo se volvieron a realizar marchas, de menor concurrencia, claro, pero que también fueron reprimidas por los carabineros.